Política

Historia de la Corrupción: el Fujimorismo (parte 2)

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Dictadura cívico-militar

Desde el inicio mismo del régimen de Fujimori, las crecientes redes encubiertas de inteligencia y militares operaron para derribar los contrapesos constitucionales, parlamentarios y judiciales que estorbaban el control autoritario del Estado. Este objetivo se logró consolidar rotundamente con el autogolpe de abril de 1992. Semejante golpe fue justificado ideológicamente como necesario para conseguir la derrota del terrorismo. Sin embargo, la dictadura absoluta y la supresión abierta de la libertad de expresión y de la prensa en el contexto de aquellos años no eran algo fácil de alcanzar debido a la reprobación internacional. Las emergentes posturas autoritarias en el país debían adaptarse, por lo tanto, a las circunstancias mundiales del momento. Entretanto, el gobierno apoyó la implementación de políticas económicas neoliberales, al mismo tiempo que facilitaba la corrupción para alimentar mecanismos informales y ocultos que sustentaban una guerra sucia contra la subversión y el terrorismo. La corrupción era, pues, un medio con el cual alcanzar, consolidar y mantener el poder autoritario y abusivo. Este principio distorsionado ha sido denominado la «economía inmoral» del fujimorismo.

En el ámbito internacional Fujimori había logrado conseguir tempranamente un vigoroso respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este apoyo clave vino tras el rápido avance en el arreglo de los problemas de la deuda externa heredados del anterior gobierno, cuya negociación la condujo el economista Hernando de Soto, quien utilizó sus amplios contactos internacionales. Juan Carlos Hurtado Miller, el primer ministro de Economía de Fujimori, implementó en agosto de 1990 un drástico paquete de ajuste que inició la tendencia al control de la inflación galopante. Sorprendentemente, casi no hubo reacción popular contra el doloroso paquete económico debido en parte a la caída de la inflación pero también a la lucha abierta y clandestina contra el terrorismo, que inhibía drásticamente la protesta popular y los derechos ciudadanos. Fujimori y Montesinos acudían a la desinformación y a las campañas de manipulación o «psicosociales» propaladas por medios de comunicación masiva. Se alimentaba, así, una opinión pública conservadora en tanto que múltiples encuestas de opinión indicaban la preferencia por un gobierno «fuerte», sin aparente preocupación por los abusos que este pudiese generar.

El entonces ministro de Economía Hurtado Miller anunció el llamado “fujishock”. Terminó su mensaje con la célebre frase “Qué Dios nos coja confesados”. Luego de la caída del régimen huyó y estuvo varios años prófugo. Fue sentenciado por corrupción.

El atractivo popular de Fujimori se vio impulsado, aún más, por sus programas «sociales» populistas y clientelistas de reparto de alimentos y medicinas gratuitos, así como por obras públicas de motivación política que abarcaban la muy pregonada construcción de escuelas. Estos programas, bajo el control y ejecución directos del presidente, se financiaron mediante el manejo irregular de donaciones japonesas y transferencias mensuales clandestinas de fondos del SIN aun en 1991.

La senda hacia el golpe de 1992 se construyó sobre campañas políticas y legislativas claves lideradas por Fujimori. En 1991, el presidente pasó a la ofensiva cuando tachó al Palacio de Justicia como el «de la injusticia». El Congreso fue, a su vez, descrito como un lugar de cabildeo o lobby para el narcotráfico. A continuación, Fujimori y sus parlamentarios, invocando circunstancias de emergencia, lograron que legisladores del FREDEMO y el APRA aprobaran facultades extraordinarias, delegando al poder ejecutivo la capacidad de emitir decretos en materia de reformas económicas y privatizaciones, asuntos laborales y guerra contra el terrorismo: la ley 25327, aprobada en junio de 1991, le permitió a Fujimori ampliar sus poderes para proponer y dictar leyes en las áreas citadas durante un periodo de 150 días.

Justo antes de que dicho lapso expirara en noviembre, el ejecutivo emitió una avalancha de 126 decretos legislativos inspirados por el ministro de Economía Carlos Boloña. Muchos de estos decretos claramente sobrepasaban los límites legales permitidos por el Congreso. El ejecutivo usurpó, en consecuencia, el derecho a tomar decisiones legislativas, sin la requerida deliberación parlamentaria, sobre la privatización de empresas estatales claves (decreto 674), la reforma del sector público, el financiamiento externo, los derechos laborales, la salud pública, la educación privada y el establecimiento de medidas de seguridad que cercenaban los derechos civiles y la autonomía estatutaria de las universidades.

Los decretos gubernamentales transgresores desataron la oposición parlamentaria, particularmente en las cuestiones referidas a seguridad nacional e inteligencia. El decreto 743 creó el Sistema de Defensa Nacional (SDN) dirigido por un Consejo de Defensa Nacional (CDN) encabezado por el presidente y conformado por varios ministros, el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, los comandantes generales y el jefe del SIN. Además, el decreto 746 integró todas las unidades de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales bajo el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), un organismo dirigido por el SIN con inusitado rango ministerial y poderes extraordinarios. El Congreso rechazó varios de estos decretos como violaciones flagrantes de los derechos civiles. Fujimori se enfrentó, entonces, con el legislativo y acusó a los parlamentarios de obstruir intereses nacionales.

Los artículos periodísticos aparecidos en Expreso y La República desde febrero de 1992 minaron, aún más, la reputación de los sistemas judicial y penal: decenas de prisioneros acusados de terrorismo estaban siendo liberados al amparo de la ley vigente que permitía la reducción de sus sentencias. La Corte Suprema también desestimó los cargos de enriquecimiento ilícito presentados contra el expresidente Alan García, así como los de terrorismo contra el líder senderista Abimael Guzmán. La opinión pública asoció la obvia corrupción judicial con el nombramiento de jueces durante el gobierno de García. Un crecido número de amenazas de muerte y asesinatos por parte de agentes del régimen complementó el ataque contra el ordenamiento constitucional existente antes del 5 de abril de 1992.

Montesinos y dos jefes militares planearon el golpe en el cuartel general del ejército. Mientras un mensaje grabado por Fujimori era emitido por la televisión tarde, en la noche del domingo 5 de abril, el general Valdivia, comandante de la región militar de Lima, y el coronel Alberto Pinto Cárdenas, el jefe de inteligencia militar, llevaron a cabo demostraciones de fuerza. Para prevenir un contragolpe se había ordenado a los comandantes de las otras regiones militares que asistieran a reuniones urgentes en Lima cuando el golpe se realizaba.

El gobierno golpista cerró el Congreso indefinidamente y las oficinas del poder judicial por más de veinte días. Las sedes de los más importantes medios de comunicación fueron ocupadas por casi dos días. Varios periodistas, políticos y dirigentes sindicales fueron detenidos o secuestrados por los militares. Los archivos del Palacio de Justicia y el Ministerio Público que contenían información confidencial fueron confiscados y retirados a un lugar secreto del cual jamás volvieron a aparecer. La oposición protestó y afirmó que el golpe era una consecuencia directa de las comprometedoras revelaciones hechas por Susana Higuchi, la esposa de Fujimori, quien había acusado a sus parientes políticos de irregularidades administrativas y corrupción.

En televisión nacional Fujimori anunció que disolvía el Congreso. Esa fue la palabra que usó. La imagen corresponde al momento justo en que remarca dos veces: “disolver… disolver”.

La inmediata protesta internacional como consecuencia del golpe tuvo como resultado la suspensión de la mayor parte de la asistencia extranjera de la cual el país dependía. No se impusieron, sin embargo, sanciones económicas internacionales contra la dictadura de Fujimori ante la preocupación de funcionarios de Estados Unidos y otros que consideraban que podían hacer peligrar la guerra contra el terrorismo en el Perú. Las sanciones propuestas por miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron evitarse mediante un acuerdo negociado en parte por el embajador estadounidense en Lima con el ministro de Economía Boloña, quien ofreció así su prestigio internacional a los golpistas. Fujimori prometió, por su parte, convocar a elecciones para una asamblea constituyente. El camino hacia la institucionalización del golpe y el gobierno por decreto había sido despejado. Sin embargo, Vargas Llosa se mantuvo firme en sus ataques periodísticos contra Fujimori y el autogolpe.

La violencia se intensificó a poco del golpe. Los actos senderistas contra blancos civiles estratégicos se multiplicaron. Se cuentan, entre ellos, el atentado contra el canal 2 de televisión en junio, así como el de la calle Tarata en Miraflores en julio, en el que veintidós personas murieron y muchas más quedaron heridas. A su vez, el régimen utilizó operativos extrajudiciales, parte del designio de guerra sucia dirigido a eliminar el senderismo, como la ejecución de los prisioneros políticos de Canto Grande en mayo y la matanza de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta en julio. Para fortuna política del régimen dictatorial, Abimael Guzmán, el jefe principal de Sendero Luminoso, fue capturado en septiembre de 1992 por la GEIN-DINCOTE, una unidad de inteligencia de la policía encabezada por el general Ketín Vidal, quien se había mantenido tenazmente al margen de la red de Montesinos. A partir de entonces, las amenazas senderistas disminuyeron considerablemente.

El proceso de adaptar las instituciones y la política económica a las metas de un presidencialismo autocrático, sin contrapesos, recibió un fuerte impulso con el golpe de 1992. Los jueces y fiscales independientes fueron removidos y el poder judicial fue reestructurado, reducido y adecuado a las necesidades políticas de Fujimori y Montesinos. Para liderar este sistema judicial abierto a la prevaricación y cohecho, el juez Luis Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Colán fue designada fiscal de la Nación. Los actos delictivos de empleados públicos y militares adictos al régimen rara vez eran procesados y su impunidad quedaba asegurada. Los inconstitucionales tribunales y jueces «sin rostro» juzgaron sumariamente y dictaron duras sentencias contra los sospechosos de terrorismo, muchos de los cuales eran inocentes.

En los sondeos de opinión pública, la supuesta reforma judicial tuvo un respaldo del 95 por ciento de los encuestados. Las posibilidades abiertas para modernizar el sistema de justicia peruano, cambiando sus bases de derecho romano por las del sistema estadounidense, llevaron al embajador Anthony Quainton a considerar que el ataque de Fujimori al poder judicial era una buena oportunidad para influir en materia de reformas favorables a los intereses de Estados Unidos. Aunque el golpe tuvo consecuencias negativas para la cooperación bilateral en las áreas enfatizadas por la política exterior de Estados Unidos —fundamentalmente «democracia, desarrollo y drogas»—, Quainton concluyó que «Perú está dirigiéndose en una dirección que es consistente con nuestros intereses de largo plazo».

Montesinos y el comando del ejército continuaron purgando a honestos oficiales constitucionalistas y disidentes acusados de conspirar contra Fujimori. El general Jaime Salinas Sedó y otros implicados en el intento de un golpe para restaurar la Constitución y opuestos al fraude electoral de noviembre de 1992 fueron encarcelados. El general Alberto Arciniega Huby, un juez militar que culpaba a Montesinos de haber destruido la independencia de la justicia militar y las instituciones del país, fue acusado de difamación y forzado a pasar al retiro en enero de 1993. En mayo de ese año, el general Rodolfo Robles Espinoza fue también obligado a pasar al retiro y exiliarse por haber denunciado públicamente la existencia del Grupo Colina, el escuadrón responsable por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, organizado bajo las órdenes y protección de Montesinos.

El restablecimiento del poder legislativo bajo la forma de una asamblea constituyente se debió en gran parte a la presión internacional. Sin embargo, la autonomía limitada y la debilidad fundamental del nuevo Congreso fueron intencionales. En lugar de las acostumbradas dos cámaras y 240 parlamentarios, el nuevo Congreso Constituyente Democrático (CCD, 1992-1995) era unicameral y comprendía apenas ochenta miembros de un único distrito electoral nacional. El ataque constante de Fujimori a los partidos políticos, a los que tildaba de oligarquías corruptas, contribuyó a la percepción bastante generalizada de irrelevancia de la política formal. Los propios representantes de Fujimori en el CCD se eligieron, no por sus méritos, sino simplemente por ser seguidores del líder populista. Una ligera mayoría pro Fujimori en el CCD le entregó importantes prerrogativas legislativas al ejecutivo. Una vez que la nueva Constitución quedara completada en agosto de 1993 y fuera aprobada por estrecho margen mediante un referéndum, surgió, por ejemplo, la oposición de la Asociación Nacional de Alcaldes, entre otras organizaciones preocupadas por la excesiva centralización de las funciones del sector público.

La Carta de 1993 y las leyes ad hoc del ejecutivo debilitaron aún más el marco institucional, la protección de los derechos humanos y las barreras contra la corrupción. Con la complicidad de ministros y funcionarios allegados, aproximadamente 250 decretos inconstitucionales entraron en vigor entre el 5 de abril de 1992 y el 20 de noviembre de 2000. Provisto de estas armas legislativas hechas a la medida, el régimen de Fujimori duró hasta noviembre de 2000 gracias a las elecciones fraudulentas del periodo 1992-1993 y los años 1995 (primera reelección) y 2000 (segunda reelección).

El autocrático gobierno de Fujimori fue desafiado solo por unos cuantos opositores decididos y por reportajes periodísticos enfrentados a arduos obstáculos luego del golpe de 1992. Los puntos débiles iniciales del régimen estaban invariablemente ligados a la violación de los derechos humanos y al papel desempeñado por Montesinos, el oculto operador que no se mostraba en público. Los medios impresos ocasionalmente cuestionaron la influencia política invisible de Montesinos, así como su participación en atrocidades y asuntos vinculados al tráfico de drogas. Las grandes redes televisivas del país y otros medios influyentes respaldaban y alababan al régimen sin mayor cuestionamiento. Los parlamentarios y jueces fujimoristas defendieron y protegieron a Montesinos. En una entrevista, el presidente rechazó las alegaciones de tráfico de drogas hechas contra su asesor y citó implícitamente los vínculos que Montesinos mantenía con la CIA.

La investigación judicial de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, impulsada por los informes de valientes periodistas y testigos presenciales, terminó en un tribunal militar en el cual unos cuantos chivos expiatorios recibieron condenas de veinte años de prisión. Sin embargo, luego de su reelección en 1995, Fujimori promulgó y publicó, el 15 de junio, una ley de amnistía (la ley 26479), aprobada el día anterior por el CCD. Esta exoneró a todos los oficiales militares procesados o condenados por delitos contra los derechos humanos desde mayo de 1980. Estallaron, entonces, las protestas de la prensa, el Congreso e, incluso, algunos jueces normalmente dóciles. El embajador estadounidense Alvin Adams aconsejó a Washington que manifestara su decepción frente a tal injusta amnistía al embajador peruano allí, al presidente del Congreso Jaime Yoshiyama y al mismo Montesinos.

En la matanza de Barrios Altos, el Grupo Colina, asesinó a un niño de 9 años.

El régimen había sufrido, por otro lado, un inconveniente más grave de alcance internacional. Sin que el público peruano lo supiera de inmediato, tropas ecuatorianas habían ocupado una pequeña parte del territorio fronterizo peruano en enero de 1995. Esta acción constituía una embarazosa derrota militar para los ineficaces comandantes del ejército peruano, hecho que llevó a frenéticos esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz en medio de la campaña reeleccionista.

Otros impactos internos dañinos para el régimen ocurrieron en 1996 y 1997. Entre ellos se cuenta el asesinato de Mariella Barreto y la tortura de Leonor La Rosa, ambas oficiales del servicio de inteligencia militar, presuntamente castigadas con suma crueldad por sus propios jefes por filtrar información comprometedora a la prensa. Asimismo, revelaciones sobre el espionaje electrónico e interceptación telefónica atribuidos al SIN captaron la atención de la opinión pública. En diciembre 1996, el régimen de Fujimori quedó aturdido por la audaz toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima por parte de un grupo armado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Luego de varias semanas de tensa espera y cobertura por la prensa y televisión internacional, comandos de fuerzas especiales recuperaron la residencia y dieron muerte a todos los secuestradores.

Paradójicamente, la octava conferencia internacional contra la corrupción se celebró en Lima, en septiembre de 1997. Con patente cinismo, Fujimori inauguró el foro acompañado por César Gaviria, el presidente de la OEA, la fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán y el contralor general de la República Víctor Caso Lay, junto con otros dignatarios fujimoristas. Algunos periodistas advirtieron rápidamente la ironía de que el país anfitrión de la conferencia fuera el peor ejemplo existente de Administración Pública. Una larga lista de casos de clamorosa corrupción pedía a gritos que se investigara, pero esta posibilidad fue rechazada sistemáticamente por las autoridades competentes como la fiscal Colán y el contralor Caso. Los asuntos sin investigar incluían la cuestión candente del origen de los ingresos de Montesinos, las denuncias hechas por Susana Higuchi concernientes a las organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a la familia Fujimori, el saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y la malversación de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir, entre otros.

La decadencia del régimen fujimorista durante sus últimos tres años, entre 1998 y 2000, ligada a agudos problemas económicos y al pasivo generado por Montesinos, así como a una creciente oposición política y cívica, se puede analizar mejor utilizando las evidencias procedentes de las grabaciones secretas hechas por el SIN y de los procesos judiciales armados a partir de dichas evidencias. Los acontecimientos políticos de la década de 1990 encubrieron la consolidación y el crecimiento de redes encubiertas e informales de un poder e influencia desproporcionados, alimentados por la corrupción y los abusos.

NOTA:

Tomado del libro Historia de la Corrupción en el Perú, Capítulo 7 Conspiraciones corruptas, 1990-2000. Del historiador ALFONSO W. QUIROZ. Editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Las fuentes a la información vertida en este extracto están en la edición impresa del libro.

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