Política

Historia de la Corrupción: el Fujimorismo (parte 1)

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Luego de su ruptura con las posiciones de izquierda que adoptó en su juventud, Vargas Llosa asumió con ardor el liberalismo político y económico de libre mercado. Una decidida reacción cívica contra el fallido intento del presidente Alan García por expropiar la banca privada en 1987 catapultó el ascenso meteórico de Vargas Llosa en la esfera política peruana como líder del movimiento Libertad y del Frente Democrático (FREDEMO). Defendiendo la propuesta de una exhaustiva reestructuración económica, Vargas Llosa postuló con ventaja en la campaña presidencial de 1990 y en difíciles condiciones de creciente subversión y terrorismo, oportunismo político de aliados y trucos arteros de contrincantes. Vargas Llosa ganó la primera vuelta electoral en abril con cuatro puntos porcentuales por encima de un sorpresivo candidato, el inescrutable Alberto Fujimori, quien surgió como contendor serio apenas unas cuantas semanas antes de las elecciones. Aunque no contaba con una auténtica organización partidaria, Fujimori ganó la segunda vuelta de las elecciones en junio, capitalizando los votos que, en la primera vuelta, habían apoyado las opciones del APRA y de la izquierda.

Inmediatamente después de los comicios, el grueso de los analistas concluía que el electorado peruano había rechazado la propuesta de Vargas Llosa para favorecer, más bien, la de un candidato de compromiso populista. Fujimori fungía de reformador popular, al usurpar parte de la agenda política de Vargas Llosa y prometer un ajuste económico menos radical. Sin embargo, a poco de asumir el poder, quedó claro que las promesas e improvisado plan de gobierno de Fujimori fueron parte de una estratagema demagógica para hacerse del poder y el dominio sin control que permitía el ejecutivo. La asistencia logística encubierta prestada a Fujimori durante su milagroso ascenso electoral y facilitada por la creciente influencia de Vladimiro Montesinos Torres en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), solamente sería de conocimiento público un par de años después de las elecciones de 1990.

Fujimori atropelló en las últimas elecciones y se coló en la segunda vuelta. Tuvo que debatir, sin mayor plan del gobierno, con Vargas Llosa, el candidato del FREDEMO.

Sobre la base de revelaciones periodísticas pioneras, Vargas Llosa y su hijo Álvaro publicaron —entre los años 1991 y 1993, y en sendas obras— información clave sobre los medios ilegales y subrepticios que llevaron a Fujimori a la presidencia. Gracias a las afinidades políticas preelectorales con el gobierno aprista, Fujimori había ganado significativos favores, entre los cuales se encontraba la conducción de un programa televisivo estatal que le permitió un preciado despliegue en el ámbito nacional hacia finales de la década de 1980. Además, al reconocer la segura derrota electoral del candidato del APRA, la dirigencia aprista apuntaló la campaña presidencial de Fujimori, a la que brindó un respaldo irregular en un momento electoral crítico. En efecto, entre los meses de abril y junio de 1990, el saliente presidente García confió al servicio de inteligencia, dirigido por el general del ejército Edwin Díaz, el apoyo a la campaña de Fujimori con logística y encuestas electorales privilegiadas. Pocos quisieron creer en estas revelaciones de los Vargas Llosa. Por el contrario, la opinión pública peruana le fue crecientemente hostil al escritor y excandidato por criticar y oponerse francamente al régimen cada vez más autoritario de Fujimori.

Las operaciones ilegales que influyeron en el proceso electoral de 1990 —el inicio de un patrón sistemático de corrupción y violación de leyes— fueron ampliamente reconocidas solo tras la caída oprobiosa de Fujimori y Montesinos diez años después. El surgimiento de un corpus singular de evidencias desde septiembre de 2000 corroboró reclamaciones previas, a menudo silenciadas a la fuerza, que denunciaban la profunda corrupción entre las más altas autoridades del fujimorato. Vargas Llosa y otros decididos periodistas y jefes de la oposición habían tenido razón en sus evaluaciones y denuncias. Pruebas irrefutables mostraron que múltiples maniobras ilegales contribuyeron a la derrota electoral de Vargas Llosa, así como a las victorias de Fujimori en todas las subsiguientes elecciones fraudulentas realizadas en su mandato.

Gracias a evidencias de fuentes audiovisuales, periodísticas y judiciales, así como de testigos sujetos a la colaboración eficaz, difundidas ampliamente tras la caída del régimen fujimorista (implicando a más de 1.600 personas en complejas redes de corrupción), es posible pintar detalladamente parte importante de la corrupción sistemática heredada y ampliada por Fujimori y su asesor Montesinos. Estas evidencias extraordinarias yacen en el centro de una reinterpretación necesaria del papel histórico de la corrupción, a la vez como una consecuencia y herencia de instituciones debilitadas, y como un factor activo que minó aún más las bases reguladoras de la vida política, social y económica del Perú. La asociación ilegal, la conspiración autoritaria y las redes encubiertas interactuaron entre sí para emascular a las instituciones formales y el imperio de la ley; y de este modo enriquecer y sustentar a un compacto grupo en la cima.

Remozando la corrupción

Un grupo de oficiales militares, inspirados en la vieja tradición de intervención «patriótica» en coyunturas políticas críticas, había diseñado desde 1988 un plan secreto para llevar a cabo un golpe contra el gobierno del presidente García. Los golpistas esperaban que la opinión pública tolerara el golpe en medio del descontento general con el disfuncional gobierno aprista. Este plan no se materializó, pero fue adoptado y modificado por el inescrupuloso jefe de espías Montesinos, un exoficial del ejército con influyentes conexiones en redes corruptas. El plan original de la conspiración contemplaba políticas económicas neoliberales implementadas por un gobierno autoritario irrestricto detrás de un remedo de democracia electoral.

Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso de la tarea encubierta, asignada al SIN, de ayudar al candidato en su campaña electoral de 1990. Fujimori confió en Montesinos para que le «resolviera» un serio problema de evasión tributaria, entre otras cuestiones legales que amenazaban con arruinar la reputación y ambiciones presidenciales de Fujimori. Según la información confidencial recogida por diplomáticos norteamericanos, los agentes de Montesinos colocaron una bomba para asustar a un parlamentario opositor que había descubierto los incómodos secretos de Fujimori.

Montesinos fue implementando metódicamente sus planes conspirativos en colaboración con el venal Fujimori para avanzar hacia un poder autoritario con careta democrática o «democracia dirigida». Para hacerlo disponía de planes dictatoriales, un profundo conocimiento de los códigos de corrupción militar y judicial, vínculos con la CIA y conexiones con cárteles de drogas. Provisto de estos tenebrosos activos, Montesinos contribuyó decisivamente a la campaña electoral de Fujimori y logró obtener, supuestamente, cuantiosas donaciones de dudoso origen. A partir de estos obscuros orígenes, la corrupción se propagó en casi todas las direcciones durante la «década infame» del régimen de Fujimori.

En los famosos ‘vladivideos’ quedaron registrados los muchos sobornos que hizo Montesinos en la famosa ‘Salita del SIN’

Vladimiro Montesinos Torres, al igual que Mario Vargas Llosa, nació en una familia de clase media con raíces en Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú. Además, ambos jóvenes recibieron educación militar en Lima. Los paralelos se detienen allí. Mientras que Vargas Llosa denunció en su primera novela los rasgos crueles y deshumanizantes de la cultura militar peruana, el joven Montesinos los absorbió ávidamente mientras cursaba estudios en la Escuela Militar de Chorrillos. A comienzos de 1965, y con los diecinueve años de edad, el cadete Montesinos se entrenó durante un mes en la Escuela de las Américas (SOA), institución militar norteamericana en Panamá, poco antes de la graduación en ella de otro exalumno de la Escuela Militar de Chorrillos, el futuro dictador panameño Manuel Antonio Noriega. A partir de las conexiones y favores iniciales que Montesinos cultivó entre sus amigos del regimiento de infantería, se fue urdiendo una red de colaboradores que eventualmente conseguiría controlar el mando de las fuerzas armadas y otros puestos claves del gobierno de la década de 1990.

El golpe militar de 1968 había abierto grandes oportunidades para oficiales militares con desmedidas aspiraciones. Desde comienzos de la década de 1970, Montesinos, un joven y ambicioso capitán de infantería, logró posicionarse exitosamente como secretario personal o asistente de importantes militares y exjefes de inteligencia: el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro Edgardo Mercado Jarrín (1973-1974); el ministro de Agricultura Enrique Gallegos Venero (1974-1975); y los primeros ministros Jorge Fernández Maldonado (1976) y Guillermo Arbulú Galiani (julio-agosto de 1976). A medida que el estado de salud del presidente Juan Velasco Alvarado se iba deteriorando, Montesinos complotaba por adelantar las posiciones políticas de sus jefes en pugna por la presidencia.

Montesinos también reunió abundante información confidencial que compartió con la embajada norteamericana y con agentes de la CIA en Lima. La embajada lo cultivó como un contacto importante entre los oficiales militares con potencial de liderazgo. Sin embargo, en agosto de 1975, el general Francisco Morales-Bermúdez depuso al general Velasco, derrotando asimismo a la facción izquierdista liderada por los generales Gallegos y Fernández Maldonado. Entonces, el capitán Montesinos fue perdiendo bases de influencia entre sus mentores desplazados. Pronto se vio obligado a retirarse de los corredores limeños del poder al ser reasignado a un distante puesto militar en medio de un desierto norteño. En 1976 abandonó su puesto para viajar a Estados Unidos, usando una falsa autorización y el auspicio de una beca del gobierno norteamericano para líderes extranjeros visitantes. A su retorno, Montesinos fue acusado de viajar sin permiso oficial, espionaje e insubordinación. Fue juzgado por un tribunal militar, expulsado del ejército y confinado en una prisión militar por casi dos años (1976-1978).

Montesinos estudió derecho durante su prisión y se graduó de abogado en tiempo récord, unos cuantos meses después de ser liberado. Inició, entonces, una nueva carrera como abogado defensor de narcotraficantes. Entre sus defendidos se encontraba Evaristo Porras Ardila, el jefe de uno de los carteles de la droga de Medellín. Montesinos tenía contactos en el sistema judicial y contaba con la pericia necesaria para «resolver» sus casos mediante el soborno, el chantaje y la presión. Durante la «década perdida» de los años de 1980, el Perú tuvo gobiernos elegidos democráticamente pero que hicieron poco por modernizar un poder judicial abrumado y en crisis. Al igual que otras instituciones públicas en franco declive, el sistema judicial se vio apabullado por el crecido número de casos y la falta de recursos para procesarlos. En estas circunstancias, Montesinos contribuyó a minar aún más el sistema judicial, a la par que incrementaba aviesamente sus ingresos personales.

Según Enrique Bernales, Fujimori casi fue candidato al Senado por la Izquierda Unida. Pero pidió un número de lista muy alto y no aceptó.

Por otro lado, el deseo de venganza hacia la facción militar que lo encarceló y luego condujo la transición a la democracia en el país motivó el osado desafío de Montesinos a los altos mandos militares. Colaboró para esto con su primo Augusto Zimmerman, el exsecretario de prensa en desgracia del dictador Velasco. Bajo la dirección de Zimmerman la sensacionalista revista Kausáchum divulgó embarazosos secretos y documentos de inteligencia militares, además de insultar e injuriar a varios generales en servicio. Montesinos se jactaba de haber penetrado exhaustivamente la inteligencia militar. En respuesta, las fuerzas armadas lo acusaron de traición e instigador de enredadas conjuras y amenazas de bomba. La revelación pública de sus actividades ilícitas obligó a Montesinos a huir del país en 1983. Vivió en Argentina hasta 1985 y, a su retorno, el alto mando militar le prohibió ingresar a cualquier instalación u oficina militar. Entre sus muchos enemigos militares figuraba el exmayor José Fernández Salvatecci, quien lo había denunciado pública y reiteradamente como traidor y de haber espiado para la CIA.  El conocido pasado deshonroso de Montesinos lo acosó a lo largo de su posterior ascenso a la influencia y poder encubiertos.

La fama de Montesinos como abogado defensor creció en ciertos círculos a finales de la década de 1980, al ampliar su clientela entre policías y militares acusados judicialmente. En 1985, un escándalo que la prensa denominó «Villa Coca» involucró a una banda traficante de cocaína que actuaba en colusión con la policía. Reynaldo Rodríguez López, alias «El Padrino», el capturado jefe de la banda, implicó a 72 personas en el caso, entre las que se encontraban varios oficiales de alto rango de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), así como oficiales militares, políticos y celebridades del espectáculo. Montesinos coordinó la defensa de los oficiales de policía implicados y, fungiendo de asesor del fiscal de la Nación, derrotó judicialmente la acusación contra sus clientes en 1988.

Otro caso notorio en el cual Montesinos intervino fue el del general de infantería José Valdivia, acusado de violaciones de los derechos humanos por ordenar acciones punitivas denominadas antiterroristas en las comunidades andinas de Cayara, Erusco y Moyopampa, en Ayacucho. Estos hechos resultaron en la muerte de veintiocho campesinos en mayo de 1988. El encubrimiento oficial, asesinato de testigos y las amenazas contra el fiscal superior, quien fue ulteriormente retirado del caso, acarrearon otra victoria judicial de Montesinos y la exoneración del acusado. Así, el excapitán ganó reputación de exitoso e inescrupuloso defensor de oficiales militares y policiales en problemas con la ley. Este apoyo a la impunidad de miembros de las fuerzas armadas le valió, asimismo, renovado acceso entre altos oficiales que iban reemplazando a sus antiguos enemigos del comando del ejército que entraban en situación de retiro. La anterior tacha y prohibición militar en su contra fue entonces levantada. En 1989, Montesinos se acercó a Edwin Díaz, el jefe del SIN, con documentos judiciales confidenciales de sospechosos acusados de terrorismo. Con tales medios, Montesinos consiguió un codiciado y prominente puesto en la comunidad de inteligencia.

Montesinos se convirtió en el asesor de confianza de Fujimori y en el jefe de facto del SIN en julio de 1990. Los jefes formales del servicio de inteligencia pasaron a ser simplemente figurativos. El poder encubierto de Montesinos estaba más allá de la supervisión o control institucional. Desde su cargo no oficial, el asesor espía ejercía una influencia indebida, tomando decisiones de poder invisible detrás de la presidencia del país. Montesinos aprovechó los vacíos institucionales en colaboración con un presidente en vulnerable posición política, dispuesto a minar las normas constitucionales y ejercer el poder ejecutivo sin límites. Fujimori no contaba con un partido político coherente y sus partidarios no tenían la mayoría en el Congreso. Además, Montesinos alimentaba la inseguridad del presidente alarmándole con supuestas conjuras para deponerle y asesinarle.

La creciente corrupción, ligada al tráfico de narcóticos entre las fuerzas policiales, ofreció la oportunidad al dúo Fujimori-Montesinos para reordenar rápidamente los escalones superiores de la policía. En su discurso inaugural, Fujimori lanzó una campaña «moralizadora» contra la corrupción heredada, en una temprana muestra de su demagógico estilo de pragmatismo. Un total de 135 altos oficiales de la policía, entre los cuales se encontraban muchos capaces y honestos, fueron pasados al retiro o transferidos. Unos cuantos días antes, el astuto Montesinos se había reunido con funcionarios diplomáticos de Estados Unidos para filtrar información de «inteligencia» sobre la complicidad con el narcotráfico de altos oficiales de la policía y del séquito de Agustín Mantilla, el exministro del Interior aprista. A continuación, los puestos dejados vacantes en el mando policial fueron asignados a oficiales militares, en claro viraje estratégico del papel que la policía había alcanzado durante el régimen aprista en la lucha contra las drogas y la subversión. Con esta medida, los programas antinarcóticos y antiterroristas que recibían considerable asistencia de Estados Unidos para la interdicción cayeron bajo total control militar.

Estas fueron las primeras salvas en un tira y afloja soterrado que afectó la institucionalización profesional de la policía y de las fuerzas armadas. El objetivo práctico ulterior era purgar a los oficiales con inclinaciones apristas, así como a los comandantes institucionalistas de carrera y enemigos de Montesinos que pudiesen oponerse a las nuevas estrategias de corruptela. Uno a uno, los generales y almirantes en puestos claves fueron reasignados o pasados al retiro y reemplazados por nuevos comandantes dispuestos a contribuir al plan de Montesinos-Fujimori. Actuando como eje central en materia de seguridad nacional, Montesinos convenció a Fujimori de las amenazas golpistas planteadas por jefes militares que había aconsejado despedir. Ya en agosto de 1990, algunos periódicos recordaban a sus lectores los vínculos de Montesinos con narcotraficantes. Prominentes generales en retiro se quejaban confidencialmente ante funcionarios estadounidenses que, gracias a la influencia indebida ejercida por Montesinos sobre Fujimori, en realidad era el servicio de inteligencia nacional el que manejaba el gobierno y Estado peruanos.

Los nuevos jefes militares incluían a generales y almirantes que brindaron las bases del poder subterráneo preferidas por Fujimori y Montesinos para consolidar su régimen. El general Jorge Torres Aciego pasó a ser ministro de Defensa en julio de 1990. El vicealmirante Luis Montes Lecaros reemplazó al almirante Alfonso Panizo como jefe del Comando Conjunto. El general José Valdivia (cliente de Montesinos en el controvertido caso Cayara) sustituyó al disconforme general Jaime Salinas Sedó como comandante de la importante Segunda Región Militar con base en Lima. El coronel de infantería Alberto Pinto Cárdenas, amigo personal de Montesinos, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército. En diciembre de 1991, el general Nicolás Hermoza Ríos ocupó el puesto de comandante en jefe del ejército por encima de otros generales en línea para el ascenso. Con este último nombramiento, Montesinos redondeó su red informal dentro del alto mando militar, minando de esta manera las normas de promoción militar consagradas por el tiempo. Actuando como enlace extraoficial entre Fujimori y el comando militar, Montesinos sentó las bases para el autogolpe de 1992. En este proceso, la eficiencia militar y el respeto por la Constitución se deterioraron en forma abrumadora.

Los cambios estratégicos en el liderazgo de las fuerzas militares y policiales habrían sido difíciles sin la manipulación previa del sistema judicial y de la Fiscalía de la Nación en el Ministerio Público. Así, se ofrecía virtual impunidad a militares aliados frente a posibles procesamientos. Para este fin Montesinos diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales, funcionarios de cárceles y oficiales de policía. El asesor presidencial continuó perfeccionando esta red judicial informal entre julio de 1990 y abril de 1992. Montesinos, asimismo, manipuló el aparato judicial para castigar e intimidar a los medios independientes por la información generada. Una experta evaluación auspiciada por la agencia estadounidense USAID y preparada por juristas peruanos concluyó, en septiembre de 1991, que la crisis del sistema judicial era, bajo las presiones de una corrupción a gran escala, el tráfico de drogas y el terrorismo, un campo de cultivo para la violación de los derechos humanos.

Montesinos usó sus singulares fuentes de información secreta para renovar vínculos con la CIA y minar los esfuerzos antidrogas de la DEA en el Perú. Entre abril y septiembre de 1991, el asesor espía asumió el control administrativo de las operaciones antidrogas conjuntas peruano-estadounidenses. Estas recibían asistencia de Estados Unidos por cerca de 35 millones de dólares en 1991 y 40 millones de dólares en 1992. Se formó una división antidrogas dentro del SIN que no hizo mucho por perseguir a traficantes, puesto que en el servicio de inteligencia se privilegiaban otras operaciones encubiertas, delictivas y violentas, como en el caso de la masacre de Barrios Altos y la vigilancia telefónica o chuponeo de importantes líderes de la oposición, entre los cuales destacaba el mismísimo Vargas Llosa.

Sin embargo, un alto diplomático estadounidense, a pesar de simpatizar con la aparente eficiencia tecnocrática de Fujimori en materia de acciones antiterroristas e interdicción de narcóticos durante su primer año en el poder, tomó nota «del problema prevalente de la corrupción interna del gobierno». No obstante los reacomodos en la policía, continuaba afirmando el diplomático, la «corrupción y la ineficiencia en las filas de la Policía Nacional peruana continúan siendo problemas muy reales». En la zona selvática del alto Huallaga, «la triple plaga de las drogas, el terrorismo y la corrupción está en todos lados». Asimismo, un influyente grupo de parlamentarios estadounidenses, entre los cuales se encontraban los senadores demócratas Edward Kennedy y John Kerry, atentos a los requisitos de la certificación necesaria para recibir asistencia adicional en la lucha antinarcóticos, le escribió al presidente George H. Bush manifestando su preocupación por las «atroces» condiciones de los derechos humanos en el Perú, hecho que se manifestaba en la incapacidad de reducir durante cuatro años seguidos las «desapariciones» perpetradas por las fuerzas de seguridad.

Montesinos encontró la fórmula para recompensar y mantener fieles a sus cómplices en designios ocultos. El desvío ilícito de fondos oficiales de defensa e inteligencia, los sobornos, las comisiones ilegales en las adquisiciones de material militar y los cupos impuestos a las actividades del narcotráfico en las zonas de selva, controladas por los militares, fueron los principales medios por los cuales se pagó al parcializado mando militar y al séquito político de Fujimori. Usando esas mismas fuentes de ingreso, Montesinos reforzó las operaciones encubiertas e ilegales dirigidas por el SIN. Una comisión parlamentaria investigó y presentó información reveladora y pionera sobre los vínculos entre el narcotráfico, las bases militares en la selva y las agencias antidrogas controladas por Montesinos. Sin embargo, el anticonstitucional autogolpe del 5 de abril de 1992 interrumpió abruptamente el accionar de esta comisión, a la que, además, se le despojó del grueso de sus informes y documentos.

NOTA:

Tomado del libro Historia de la Corrupción en el Perú, Capítulo 7 Conspiraciones corruptas, 1990-2000. Del historiador ALFONSO W. QUIROZ. Editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Las fuentes a la información vertida en este extrancto están en la edición impresa del libro.

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