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Mirando al sur: Breve historia de la izquierda chilena

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Por: Alfonso Bermejo Villa

La Unidad Popular

En octubre de 1969, el Partido Comunista (PCCh) y el Partido Socialista (PSCh) hacen un llamado a todos los movimientos de centro izquierda para aglutinar un frente popular que pueda tomar el poder en las elecciones del año siguiente. Esta acción tuvo un eco importante y, en diciembre, se conforma la alianza Unidad Popular (UP) compuesta por 6 agrupaciones[1]. El camino no fue fácil, mientras el PCCh abogaba por un acuerdo amplio, el PSCh, en su 22° Congreso (1967) había señalado que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima”[2] y se rehusaba a un acuerdo con el Partido Radical. Esta postura había abierto una brecha en el PSCh, entre aquellos que habían aprobado lo señalado, y los que se acercaban más a la idea del PCCh de buscar alianzas. En este segundo grupo se encontraba Salvador Allende.

En 1970, en las elecciones, Allende, candidato por UP, obtuvo el 36,61% de los votos. Al no obtener más del 50%, eran las dos Cámaras (diputados y senadores) quienes elegirían al nuevo presidente. Un pacto con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) – que había obtenido el 15,43% de los votos en las presidenciales – decidió la votación. El 3 de noviembre, Allende asumía la presidencia de Chile. En 1971 se incorporaron a la coalición la Izquierda Cristiana y el Partido Izquierda Radical.

La UP tenía, entre su programa de gobierno: i) el establecimiento de un Estado dirigido por la clase obrera y popular; ii) una nueva Constitución Política; iii) la defensa de la soberanía nacional; iv) el establecimiento de tres modelos de producción: privado, social y mixto; v) desarrollar y ampliar la reforma agraria; vi) la nacionalización de los recursos naturales, los bancos y los grandes monopolios; y, vii) la reducción de los costos de los servicios básicos y la satisfacción de las necesidades de la población, sobre todo de los vulnerables. En resumen, la UP se manifestaba abiertamente antiimperialista, antioligárquico y anticapitalista.

Al alcanzar la presidencia, el gobierno de izquierda en Chile se convirtió en la materialización de la tesis jruschoviana de la “vía pacífica de revolución socialista” como contrapeso, en América Latina, a las revoluciones armadas que miraban al modelo cubano.

Sabotaje económico y acciones terroristas

La historia posterior es más o menos conocida, mientras se avanzaba en la profundización del ideario socialista; Estados Unidos, apoyado por grupos de la oligarquía chilena se encargaba, clandestinamente, de subvertir al gobierno. Un artículo del New York Times[3] (1973) daba cuenta de los planes de la administración Nixon para desestabilizar económicamente el país y crear el clima propicio –apoyado por la prensa (principalmente, El Mercurio)– para el derrocamiento de Allende. De acuerdo con el NYT, la CIA financió las huelgas de los sindicatos y grupos comerciales, principalmente de la clase media. Asimismo, Henry Kissinger –exsecretario de estado– envió un cable diplomático[4] en el que llamaba a cortar el flujo de divisas al país. Como señala un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS (1973)[5], Chile presentaba una “crisis de desabastecimiento”. Asimismo, se mencionaban los conceptos de “escasez de alimentos”, “mercado negro”, “falta de productos de consumo imprescindible” y “colas”. La principal razón argumentada para resistir el “allendismo” fue la estatización de las mineras de cobre sin indemnización por el concepto aplicado de “rentabilidades excesivas”, en donde se consideraba un monto de las utilidades, consideradas excesivas, y se descontaban del valor en libro de la empresa. Es importante mencionar que la nacionalización del cobre fue aprobada por unanimidad en el Congreso. En este punto juega un papel cuestionable el PDC, que luego de apoyar la investidura de Allende, pasa a ser opositor facilitando –y siendo actor activo— del posterior golpe de Estado.

Pese a la evidente intromisión de los EEUU para provocar la caída de Allende, no es menos cierto que las discrepancias a la interna de UP, entre el PCCh intentando no enfrentar a la sociedad, inclusive considerando la introducción de algunas consideraciones hacia la burguesía, y el PSCh, impulsando la radicalización de las medidas de nacionalización y control de la producción, fueron también un factor relevante en las dificultades en el manejo económico del gobierno.

Otro factor de desestabilización importante fue el accionar del comando fascista, Frente Nacionalista Patria y Libertad, el que se encargó de llevar a cabo sabotajes para afectar el suministro de servicios públicos o esenciales, como el combustible o el suministro eléctrico. En este punto, Patria y Libertad contaba con apoyo militar.

Luego vino el golpe de estado (1973), asumiendo el poder la Junta Militar al mando del dictador Augusto Pinochet. Uno de los objetivos del gobierno de facto fue la introducción y el afianzamiento del liberalismo económico. Es relevante, en este punto, la carta que envía Milton Friedman a Pinochet[6] donde brindaba una opinión sobre las reformas que debería emprender Chile, o las declaraciones de Friedrich Hayek al diario El Mercurio (el mismo que apoyó el golpe de estado) en abril de 1981: “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”.

En este punto, un paralelismo con el periodo de gobierno fujimorista se hace necesario. En ambos casos, el afianzamiento del modelo económico liberal fue posible por la existencia de un régimen autocrático y –por tanto– la imposibilidad, para las fuerzas de oposición políticas y sociales, de resistir a las políticas capitalistas. En esta misma línea, el economista liberal Xavier Sala i Martin decía, en una entrevista al diario El País en 1998: “los estudios empíricos demuestran que la falta de libertad política no es mala para el crecimiento económico. Lo que es malo es la falta de libertad económica, pero países que no son un modelo de democracia avanzada, como Singapur, Chile o Perú, no van mal”[7].

Durante el gobierno de Pinochet, la izquierda chilena optó por distintas vías de lucha; el PCCh, optó por la vía armada a través de la creación, en 1983, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una de las acciones más sonadas fue el atentado, fallido, al dictador en 1986. Las demás fuerzas de izquierda optaron por una salida negociada, posiblemente porque consideraban que el pinochetismo se había consolidado y no se contaba con el apoyo mayoritario de la población para optar por otra salida. Hay que recordar, en este punto, que los plebiscitos del 78[8] y del 80[9] fueron favorables a la dictadura. Por supuesto, se debe tener presente que en ninguno de los dos casos hubo garantías en el proceso y resultado.

El sistema político y social

El pinochetismo, al igual que la dictadura fujimorista, modificó –como se ha señalado– el sistema económico, profundizando el sistema capitalista, asumiendo los dogmas que después fueron adoptadas por el Consenso de Washington (1989). El cambio político y económico llevó también un cambio en la estructura social del país. Los medios de comunicación (léase El Mercurio o El Comercio) se encargaron de incorporar, en el inconsciente colectivo, la idea de priorizar las acciones individuales sobre las colectivas; los intereses del capital privado sobre los derechos laborales; la explotación de los recursos naturales, por grandes capitales privados, sobre el medio ambiente o derechos indígenas; el libre mercado sobre los derechos como la salud o educación.

El modelo chileno fue alabado por los organismos económicos internacionales, lo que sirvió –al igual que en Perú– para asumir que el camino económico (y social) creaba las condiciones –indiscutiblemente– para el progreso individual. En este sentido, aquel que no prosperaba era porque su esfuerzo no era suficiente. Al final, el modelo “es el correcto”, es el ciudadano el que falla. En definitiva, ello generó sociedades despolitizadas y desmovilizadas.

El modelo chileno terminó derrumbándose. Referentes de la derecha latinoamericana —recuerdo a Mauricio Macri (Argentina) o Ernesto Talvi (Uruguay)– hablar de la necesidad de seguir el camino de nuestro vecino del  sur. Avisos de la caducidad del sistema fueron varios: primero, las movilizaciones estudiantiles de 2008 y 2011; luego vinieron las jornadas de protestas de 2019/2020; y, finalmente, el manejo de la crisis de salud por la pandemia, que tiene a Chile como el país con más muertes por día.

El nuevo protagonismo de la izquierda

Las manifestaciones estudiantiles de 2011/2012 tenían como objetivo una reforma profunda en donde se garantice una educación pública gratuita y de calidad. Durante el pinochetismo, se dejó la educación en manos privadas, lo que dio impulso al lucro. Así también, la educación terciaria pública dejó de ser gratuita, necesitando el estudiante acceder a créditos públicos (o privados) para poder estudiar. En Perú, durante el fujimorismo se abrió las puertas para la mercantilización de la educación dando paso a las denominadas “escuelas privadas de bajo costo”, cuya finalidad, lejos de brindar una educación de calidad, busca obtener beneficios económicos. Una propuesta sobre los créditos educativos fue esbozada por el entonces candidato Julio Guzmán en la campaña de 2016. Del movimiento estudiantil chileno salieron jóvenes figuras que luego se convertirían en referentes políticos, como Camila Vallejo (entonces presidenta de la FECH[10], hoy diputada por el Partido Comunista / Nueva Mayoría), Giorgio Jackson (expresidente de la FEUC[11], hoy diputado por Revolución Democrática / Frente Amplio), Karol Cariola (Secretaria General de las Juventudes Comunistas de Chile, actualmente diputada por el Partido Comunista / Nueva Mayoría) y Gabriel Boric (Presidente de la FECH y diputado por el Movimiento Autonomista / Frente Amplio).

A finales de 2019, luego que el gobierno decretara la subida del transporte público –de 30 pesos– estudiantes decidieron realizar un acto de desobediencia civil, evadiendo masivamente el pago en el metro de Santiago. La represión del gobierno hizo que las protestas se extendieran y fueron incluyéndose demandas que tenían como base la exclusión y desigualdad social del modelo chileno, ese que –como se mencionó anteriormente– había sido considerado un éxito por el establishment. Aunque la izquierda no pudo (quiso) entorpecer la espontaneidad popular, acompañó el proceso desde sus respectivas bancadas alcanzando un “acuerdo” (una derrota para el oficialismo) con el gobierno para la realización de un plebiscito que contemple la posibilidad de elaborar una nueva constitución, además de elegir el mecanismo para llevarlo a cabo, ya sea a través de una convención mixta (diputados electos + constituyentes electos) o una convención constituyente (constituyentes electos). Este plebiscito es, sin duda, el más importante desde 1988 en donde se decidió poner fin a la dictadura pinochetista. El cambio de constitución posiblemente permita cerrar la transición a la democracia, teniendo la posibilidad de elaborar un nuevo pacto social donde se priorice un Chile más justo, solidario e igualitario. Como dejaba constancia una de las consignas de las marchas: “No son 30 pesos, son 30 años”.

Chile despertó, en Perú seguimos sumidos en la inacción.

Desde el congreso, la izquierda, acompañando el clamor popular del estallido social de 2019, ha apoyado y sacado adelante otras iniciativas parlamentarias, como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, la posibilidad de retirar el 10% de las AFP[12], el impuesto a los “súper-ricos”[13] o el proyecto de postnatal de emergencia[14], entre otros.

Pero no sólo las figuras destacadas están en diputados. Así, por ejemplo, el alcalde de la comuna Recoleta (Santiago de Chile), Daniel Jadue (PCCh), ha sido valorado en las últimas encuestas como un candidato presidenciable y que podría competir con Joaquín Lavin, alcalde de la comuna Las Condes, miembro de la Unión Democrática Independiente (UDI), del sector oficialista. Jadue es valorado positivamente por sus proyectos en favor de las clases populares: i) “farmacias populares”, un proyecto municipal que consiste en adquirir, por parte de la comuna, medicamentos a laboratorios nacionales o la importación de estos, vendiendo los mismos a precio de costo. El proyecto ha sido replicado en 144 municipios; ii) “óptica popular”, se da un servicio completo de oftalmología a los ciudadanos; o la iii) “inmobiliaria popular”, en la cual el municipio –con cofinanciamiento del ministerio de vivienda– realiza la construcción de conjuntos habitacionales municipales para alquilar a familias que no pueden acceder al mercado inmobiliario.

Las presidenciales del 2021

El próximo año se realizarán elecciones presidenciales, aunque Jadue entra en la boleta de los candidatos, es posible que otras figuras de la izquierda / progresismo también participen en la carrera. La historia de Chile demuestra que una alianza amplia ha dado resultados, tal como sucedió con Unidad Popular (Allende) y la Nueva Mayoría (segundo gobierno de Bachelet). Por el contrario, en la elección de 2017, la izquierda presentó dos bloques, el Frente Amplio, que postulaba a Beatriz Sánchez y Nueva Mayoría que llevaba a Alejandro Guillier, sin contar la candidatura de Marco Enrique Ominami por el Partido Progresista. La división de la izquierda llevó a Sebastián Piñera asumir por segunda vez la presidencia del país. Esta debe ser una lección asumida también por el progresismo peruano.

FUENTES:

[1] El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), la Acción Popular Independiente (API), el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Radical.

[2] https://books.openedition.org/ariadnaediciones/484?lang=es#ftn2

[3] https://www.nytimes.com/1974/09/20/archives/cia-is-linked-to-strikes-in-chile-that-beset-allende-intelligence.html

[4] https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB8/ch09-02.htm

[5] https://www.archivochile.cl/S_Allende_UP/doc_sobre_gob_UP/SAgobsobre0021.pdf

[6] https://www.elcato.org/milton-friedman-y-sus-recomendaciones-chile

[7] http://www.columbia.edu/~xs23/catala/articles/2001/juanca/El%20Pais/elpais2.htm

[8] Consulta nacional sobre el apoyo o rechazo a la legitimidad del gobierno de facto.

[9] Aprobación de la Constitución Política, la cual rige hasta hoy.

[10] Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

[11] Federación de Estudiantes de la Universidad Católica

[12] Aunque técnicamente considero que el retiro de los fondos afecta el sistema previsional, y por lo tanto a los propios aportantes en el largo plazo, las medidas adoptadas por el gobierno han sido insuficientes y – por lo tanto – el poder contar con recursos económicos para enfrentar la pandemia se ha vuelto una necesidad impostergable.

[13] Que se vota este jueves en diputados.

[14] El proyecto “propone extender el prenatal de seis a diez semanas; el postnatal parental y el fuero maternal hasta el fin del estado de excepción de catástrofe; y, por último, la licencia por enfermedad grave de la hija o hijo menor de un año hasta el final de la crisis sanitaria” (La Tercera, 2020).

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