Desde el Sur

Memorias del Paisito

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Uruguay tiene 47 muertos por COVID-19. En una población de 3.2 millones de habitantes, esa cantidad significa una tasa de 13 por cada millón de habitantes. Para tener una referencia, en Perú, este dato es superior a los 950 fallecidos. Esta realidad ha puesto en el ojo de la prensa mundial al gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, destacando el éxito en la gestión de la epidemia, lo que – en mi opinión – ha desviado la atención sobre las erráticas medidas económicas y sociales impulsadas, sino – y, sobre todo – aquellas que afectan la institucionalidad de un país orgulloso de sus valores republicanos.

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Empecemos con la gestión de la pandemia. El éxito de la estrategia, y la posibilidad de mantener (o limitar en menor medida) algunas libertades, se debió – más que por la estrategia adoptada – por las condiciones preexistentes. Es decir, el gasto per cápita en salud (2016) – en paridad del poder adquisitivo (PPP) – era de USD 1.386. En Perú fue de USD 421. El único país con niveles similares era Argentina, hasta el 2015, cuando empieza el ajuste del período macrista. Además, el 100% de los uruguayos tiene cobertura sanitaria, y agua potable. Uno de los factores clave en el fracaso del modelo en Perú fue los altos niveles de informalidad laboral, que bordean el 70%. En Uruguay es del 25%, la más baja en América Latina. Por otro lado, el 85% de los hogares cuenta con acceso a internet mediante banda ancha fija, lo que facilita el teletrabajo y la teleeducación. Si a ello le agregamos que – en 2007 – se implementó el Plan Ceibal para la educación, dotando de dispositivos (tablet o laptop) a estudiantes de escuela pública, y llenando de contenido para el aprendizaje, seguramente la repercusión de la COVID será menor en términos relativos. Por supuesto, una amplia cobertura social y seguro de desempleo que permite hacer frente – aunque con menores recursos – el tiempo que dure la crisis; y, finalmente, aunque aún insuficiente, la inversión en investigación e innovación, que permitió a la ciencia uruguaya (principalmente desde la Universidad de la República – UdelaR -, el Institut Pasteur y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable – IIBCE) liderar el desarrollo de conocimientos (secuenciación del genoma, elaboración de test, respiradores artificiales, apoyo psicológico, etc.) que permitieron mantener siempre controlada la epidemia.

Esa era la línea de base. Eso fue lo que dejaron los gobiernos de Tabaré Vázquez y el “Pepe” Mujica. La administración actual, en vez de asumir una política de expansión fiscal, mantuvo el ajuste económico prometido en campaña. En ese sentido, redujo a la mitad las rebajas del IVA (impuesto al valor agregado) en compras con tarjetas (crédito y débito) que fue una de las medidas impulsadas para la inclusión financiera por el gobierno anterior. Esto, en la práctica, implicaba un aumento del precio a pagar por los productos adquiridos. Asimismo, aumentó – en promedio 10% – la tarifa de los servicios públicos (agua, luz y telefonía). De acuerdo con la CEPAL, el país gastó apenas un 0,7% de su PBI para paliar la crisis, muy lejos de los 4,8% destinados por Perú o del 3,2% del promedio de América Latina y El Caribe. Este gasto fue destinado, principalmente, a canastas de alimentos, y a duplicar los fondos mensuales de las asignaciones familiares: el Plan Equidad y la Tarjeta Uruguay Social. Otra medida fue la reducción – gradual – de los salarios de los funcionarios públicos con salarios líquidos superiores a 80 mil pesos (USD 1.800, aproximadamente) para generar el “Fondo Coronavirus”. Aunque esta medida se considera acertada, fue criticado el hecho de no disponer de una equivalente para los trabajadores del sector privado.

Dentro de las medidas no económicas, al igual que el resto de la región, se cerraron las fronteras, los centros comerciales, se prohibieron los eventos masivos, y la educación y el trabajo pasaron a ser a distancia. Lo más destacable es – por lejos – la responsabilidad ciudadana que, pese a no decretarse cuarentena obligatoria, adoptaron medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas. La solidaridad fue también un distintivo del uruguayo, realizando ollas populares y repartiendo canastas alimenticias a quienes estaban en situación de vulnerabilidad.

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Pese a que las condiciones previas hicieron que el estado tenga la capacidad de hacer frente, de manera exitosa, a la pandemia, el gobierno parece decidido a avanzar con las políticas de austeridad afectando a sectores clave como educación o la ciencia y tecnología. Ahora que se negocia el presupuesto para el quinquenio 2020-2024, el Ejecutivo ha presentado una propuesta en la cual no otorga incrementos presupuestales a la UdelaR, ¡CERO! En términos reales, si tomamos en cuenta la inflación, los fondos para la única universidad pública del país, la que concentra el 80% de la matrícula universitaria nacional, se reducen. Ello afecta – gravemente – no sólo la política de fortalecimiento de la universidad en el interior del país, sino también la incorporación de nuevos estudiantes, sobre todo de los estratos económicos más frágiles, dado el congelamiento de becas; y, por supuesto, la calidad educativa. En este último punto, el recorte afectará la posibilidad de nombrar cargos de dedicación total en la universidad, es decir, un cuerpo docente que se dedique – de manera exclusiva – a los tres pilares: docencia-investigación-extensión. Personal altamente calificado optará por la migración académica.

En el caso de las empresas públicas, se prevé un recorte de gasto corriente e inversión, lo que implica – finalmente – una reducción del personal que labora en dichas empresas. Aunque el gobierno habla de “reingeniería”, lo cierto es que esto es sólo un eufemismo neoliberal para referirse a la reducción del aparato del estado. Sin embargo, pese a estos anuncios, el ejecutivo ha previsto un aumento en el salario de los presidentes de dichas empresas en hasta un 85%, llegando a percibir cerca de $ 235 mil por mes (aproximadamente USD 5.500 por mes). La ministra de economía, Azucena Arbeleche, lo ha justificado señalando que “necesitamos a las mejores personas, que se pongan al frente y gestionen de la mejor manera”. Al final de cuentas, subyace una privatización encubierta en la medida que la desfinanciación del Estado implica la pérdida de capacidad para brindar un servicio eficiente a una demanda creciente, la cual esperan sea cubierta por entes privados.

La reducción del presupuesto público será la medida que guíe el gobierno de la coalición, lo que vaticina un constante conflicto con los gremios de trabajadores. En este sentido, el último 17 de septiembre – a sólo 6 meses de asumir el nuevo gobierno – se desarrolló el primer paro general por parte del PIT-CNT, adhiriéndose la educación, salud, transporte, empresas públicas y comercios.

Es importante señalar que, pese a hablar de austeridad y afectar a sectores importantes como los ya mencionados, el gobierno decidió aumentar el presupuesto para los ministerios de defensa e interior.

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Pero no es sólo el presupuesto público lo que preocupa a la población. Al inicio del gobierno, el Ejecutivo propuso la denominada Ley de Urgente Consideración (LUC), un conjunto de 501 artículos destinados a definir la política económica, social y de seguridad del estado. En este sentido, las normas contemplan, entre otros, la reducción del aparato estatal, la disminución del poder sindical en la negociación colectiva, la reglamentación del ejercicio del derecho a huelga, como la ocupación pacífica del lugar de trabajo sin afectar los derechos del no huelguista y de los propietarios de entrar a sus instalaciones. Asimismo, incrementa las medidas punitivas por parte del Estado, brinda una mayor discrecionalidad a las fuerzas del orden y resta mecanismos de control hacia su actuación. Da paso al “gatillo fácil”. En cuanto a la libertad financiera, favorece el lavado de activos incluyendo el aumento del límite permitido para transacciones en efectivo de USD 10 mil a USD 100 mil, y la evasión y la informalidad en la medida que eliminan la obligatoriedad del pago de salario a trabajadores dependientes a través de entidades de intermediación financiera, entre otras medidas.

Pero no sólo preocupan los artículos aprobados, sino también la forma en la que se hizo. La Constitución es finalmente el contrato que los gobiernos y la sociedad suscriben y que regirá la vida política del país; es decir, constituye aquello que continuará rigiendo el hacer político más allá del tinte ideológico del poder de turno. Es por ello por lo que la función legislativa debe ser – salvo urgencia como marca la constitución de 1967 – largamente discutida y consensuada por actores políticos y sociales. La única explicación plausible para querer un trámite urgente es la conciencia de la fragilidad de una coalición que tuvo como único objetivo la victoria electoral. Una vez conseguida la aprobación de la LUC, el partido tiene carta blanca para gobernar, aún cuando esta coalición termine – como es esperable – rompiéndose.

Pero no es sólo este avance sobre la institucionalidad lo que preocupa. El partido Cabildo Abierto, del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, avanza en la reivindicación de las acciones cometidas por la dictadura durante el Plan Cóndor, reflotando – además – la ley de caducidad que impedía el juzgamiento de los militares por los crímenes cometidos. En este sentido, Manini se enfrentaba a una orden de desafuero por el ocultamiento de los crímenes cometidos – y revelados – por el represor José Gavazzo ante los Tribunales de Honor militar. Por lo expuesto, la fiscalía había solicitado el desafuero de Manini para poder investigarlo; sin embargo, aunque la votación se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre, el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el sector battlista del Partido Colorado ya anunciaron que no darán su voto.

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Ahora se están realizando las elecciones departamentales. No habría sorpresas en Montevideo. De acuerdo con la última encuesta publicada ayer por Opción Consultores el Frente Amplio se ubica 13 puntos porcentuales por encima de la coalición multicolor.

Aun cuando se prevé el Frente Amplio mantenga la intendencia, esta campaña – a mi parecer – ha estado particularmente turbia, en la medida que se dieron acusaciones desde las entidades públicas que habían sido administradas por dos de los candidatos de la oposición, como ANTEL o ASSE (Carolina Cosse y Álvaro Villar, respectivamente), con el fin de generar sospechas sobre supuestas malas gestiones que – lejos de tener un objetivo de transparencia – pretendían generar la idea de incapacidad de los candidatos para asumir la administración de la ciudad. Está de más aclarar que dichas acusaciones fueron reproducidas constantemente por los medios hegemónicos, como El País, que gastó tinta en sus editoriales tratando de convencer a sus lectores del “desastre” que implicaría que el FA retenga la alcandía.

Pero no solamente hay quejas desde el Frente por la intromisión del ejecutivo en la lid electoral, el Partido Colorado ha presentado quejas por la intromisión del presidente Lacalle Pou en la campaña, apoyando a los candidatos blancos (del partido nacional) en algunos departamentos del interior.

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Más allá de la legítima pretensión del Ejecutivo – y de la coalición multicolor – de realizar acciones de política pública que les permitan desarrollar el modelo económico y social para el que fueron elegidos; ello no debería implicar tomar un atajo y legislar sin un consenso político y social amplio. La defensa de los valores republicanos debe dejar de ser un discurso para convertirse en un hecho. Respecto a las políticas económicas y sociales implementadas, se repiten las políticas del período macrista y ya sabemos cuál fue el resultado.

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