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Legalizar la informalidad: Las aplicaciones de servicios

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Rappi delivery workers await order requests in Bogotá, Colombia (Carlos Felipe Pardo/ Flickr)

Por: Alfonso Bermejo Villa

De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la economía informal se refiere a “todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades económicas que no están cubiertos o que están insuficientemente cubiertos –en la legislación o en la práctica– por acuerdos formales”[1]; en este sentido, el concepto de informalidad abarca tanto al trabajador (empleo informal) como a las empresas (sector informal).

En relación con el empleo informal, al que nos referiremos en el presente artículo, este es definido como el “total de empleos que cumplen las siguientes condiciones: i) los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal; ii) los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador; iii) los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora”[2]. Se estima que el empleo informal en Perú es del 71%. Aun cuando el discurso político de los últimos 30 años de liberalismo económico se ha centrado en la lucha contra la informalidad, los “esfuerzos” han sido inútiles, e inclusive, habrían agravado la situación, si tomamos en cuenta que la informalidad, en 1990, se encontraba –de acuerdo con Saavedra y Chong (1999)– en torno al 53,6% (+-3,2 p.p)[3], dependiendo de la definición de empleo informal que se tomara. Con estos datos, se puede afirmar que el empleo informal aumentó en 17 p.p.

Uno de los primeros mitos utilizados por el liberalismo es que la informalidad correlaciona directamente con lo que denominan “sobrecostos laborales” (léase, derechos laborales). Para ello, la prensa económica en Perú cita –regularmente– el Reporte de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Dicho informe se divide en 12 pilares, de los cuales, el pilar 8 está referido al mercado laboral. El reporte del 2019 contempla los siguientes datos[4]:

 

Pilar 8.1. Flexibilidad Laboral[5]

País Score Ranking /141 Informalidad laboral

(datos armonizados) /1

Singapur 2/ 79,8 1
Bolivia 39,8 140 73,2%
Argentina 45,1 136 49,4%
Brasil 48,4 126 38,3%
Ecuador 49,6 123 65,8%
Uruguay 52,5 108 23,6%
Paraguay 54,7 93 63,4%
Chile 55 89 27,8%
Colombia 55 88 57,3%
Perú 56,1 83 60,3%

/1 Se llama “datos armonizados” a los datos trabajados bajo un criterio común que permite la comparación entre países. Fuente OIT.

/2. Dato referencial por ser Singapur el país con mejor ranking de flexibilidad laboral.

Como se puede observar, Perú es el país con mayores niveles de flexibilidad laboral en Sudamérica; y, sin embargo, está entre los tres países con mayor índice de informalidad laboral. Nótese, por ejemplo, que Paraguay tiene mayor flexibilidad que Uruguay, y la diferencia en los índices de informalidad es de 39,8 p.p.. Con estos datos, no parecería muy pertinente impulsar una política de pérdida de derechos para hacer frente a la informalidad.

Para la élite económica, y –por consiguiente– para gran parte del espectro político, los derechos laborales afectan la productividad y la competitividad. La lógica radica en que, si un trabajador siente que está protegido su empleo, el esfuerzo realizado será menor, y por tanto su productividad. Sin embargo, la lógica debería ser contraria, la estabilidad laboral y, por tanto, la posibilidad de planificar metas personales en el mediano plazo, sin comprometer su seguridad actual, afectando su bienestar personal, repercute no sólo en el trabajo, sino también en los niveles de innovación e inversión; es decir, en el bienestar personal y familiar.

En Perú, la lucha contra la informalidad no ha sido más que una retórica de las élites, usándola –repetidamente– para frenar cualquier reforma que afecte sus intereses. La informalidad reduce costos, y –por tanto– debería repercutir en el precio de los productos. Ello ha sido utilizado por los mercados monopólicos y oligopólicos para tener, dentro de su cadena de proveedores (empresas del sector formal con trabajadores informales), una competencia de precios a la baja, aumentando ellos sus beneficios económicos, ya que en ningún caso ello ha implicado una disminución de precios al consumidor final. Asimismo, los altos niveles de informalidad han sido excusa para no tomar medidas de política tributaria como aumentar la carga impositiva. Siempre que el debate ha sido puesto sobre la mesa; por ejemplo, el impuesto a la riqueza, la respuesta ha sido la misma, el Estado debe tomar medidas que amplíen la base tributaria.

Es preocupante, sin embargo, que estos modelos se terminen replicando en las clases medias. En la búsqueda de ascenso social tendemos a incorporar en nuestros hábitos lo que consideramos privilegios de clase, aunque ello afecte a la clase trabajadora.

Los trabajadores de plataformas como Cabify, Uber, Rappi, Globo o Uber Eats trabajan en la informalidad; no tienen seguro de salud, vacaciones remuneradas, salario mínimo vital, CTS, sistema jubilatorio, tampoco derecho a sindicalizarse. Es decir, no tienen los derechos mínimos que exige nuestra legislación. La discusión se ha centrado en si quienes brindan el servicio son trabajadores o deben ser considerados “colaboradores” como lo denominan las empresas. Para ello, es necesario comprobar si existe subordinación laboral, dado que el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728[6], Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que “toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)”. Es importante, además, tener claro el Principio de Primacía de la Realidad; es decir, que se priorizan los hechos sobre las formalidades o intensiones.

En Francia, la Corte de Casación –jurisdicción civil y penal más alta del orden judicial– declaró que es “ficticia” la condición de autónomo o independiente (“colaborador”) porque el trabajador “no crea su propia clientela, no fija libremente las tarifas y no determina las condiciones de prestación de su servicio de transporte”[7]. En Uruguay, el Tribunal de Apelaciones confirmó que existe relación de subordinación, y obliga a Uber a pagar los aguinaldos, licencias (vacaciones) y salarios vacacionales (beneficio extra)[8]. Uber, por su parte, alegó que es una empresa de software y no de transporte, a lo que la justicia argumentó que la empresa norteamericana podía castigar o premiar al conductor, y – además – recibía un porcentaje de los ingresos por viaje, por lo que desestimaba el argumento.

La justicia también se ha pronunciado sobre las aplicaciones de reparto a domicilio como Glovo o Deliveroo. En este sentido, los Tribunales Superiores de Justicia de Catalunya, Madrid y Asturias, ha declarado que los riders son falsos autónomos. La demanda contra Deliveroo en Madrid cobra significación, además, porque fue interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social. Mientras se espera la sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social prepara un proyecto de ley para reconocer la relación laboral.

En el Perú, en 2019, el congresista Miguel Valdivia de Acción Popular y el Movimiento Nuevo Perú, presentaron los Proyectos de Ley Nro. 4144[9] y 4243[10], respectivamente, en los que se regula y reconoce la relación de dependencia. En ambos casos se manifestó en contra la Sociedad de Comercio Exterior[11] argumentando lo que ya fue desestimado por la justicia en otros países. Lejos de ser considerada como “economía colaborativa”, para este modelo de negocio aplicaría mejor el concepto acuñado por Castells y Portes de “nueva economía informal”.

La economía digital ha supuesto la modificación de las estructuras tradicionales del trabajo; sin embargo, resulta conveniente que la regulación sea adaptada sin que ello implique aprovecharse para profundizar la flexibilización. En los Países Bajos, en la década de los ’80, surge el concepto de flexiseguridad para identificar políticas laborales que permitan hacer frente a las exigencias de las unidades económicas y la protección del trabajador (sobre todo con mecanismos de protección frente al desempleo). El economista Jean Tirole, Premio Nobel (2014), señalaba que “hay que proteger a los trabajadores, no a los empleos”. En una economía como la peruana, con un sistema de seguridad social incapaz de proteger al trabajador, flexibilizar la regulación laboral implica mayores niveles de vulnerabilidad. Sin embargo, la nueva realidad hace necesario un debate amplio entre el Estado, la clase trabajadora y gremios empresariales que permitan generar políticas consensuadas que se adapten a estos nuevos modelos económicos, sin perder de vista que el objetivo, como también lo señala Tirole, es alcanzar el bien común.

 

FUENTES: 

[1] https://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_INF_ES/lang–es/index.htm

[2] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1154/index.html

[3] Machado, Roberto (2014). “La economía informal en el Perú: magnitud y determinantes (1980-2011)”.

[4] http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/?doing_wp_cron=1596132905.7436609268188476562500#series=GCI4.C.08.01

[5] Subvariables: (i) costos de despido; (ii) prácticas de contratación y despido; (iii) relaciones de cooperación entre empleador y empleado; (iv) flexibilidad en la determinación del salario; (v) políticas activas del mercado laboral; (vi) derechos de los trabajadores; (vii) facilidad para contratar trabajadores extranjeros; y, (viii) movilidad laboral interna.

[6] http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_dec728.pdf

[7] https://www.dw.com/es/el-supremo-franc%C3%A9s-considera-empleado-de-uber-a-uno-de-sus-conductores/a-52642322

[8] https://negocios.elpais.com.uy/noticias/fallo-inedito-uruguay-justicia-considera-trabajador-dependiente-chofer-uber.html

[9] http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0414420190404.pdf

[10] http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0424320190417.pdf

[11] http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2018/Trabajo/files/comexperu_-_carta_94.pdf

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