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La trampa del ‘lawfare’

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Por: Alfonso Bermejo Villa

El origen de la palabra lawfare (law + warfare) lo encontramos en un ensayo del general de la Fuerza Aérea estadounidense, Charles Dunlap Jr., definiéndose como “la estrategia de usar —o no usar— el Derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico”. El mismo Dunlap argumentaba que el término refería a la posibilidad, bajo el Derecho, de alcanzar los mismos objetivos que se persiguen a través de acciones militares. Kattrie, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, sugiere que una acción, para ser calificada como lawfare, debe cumplir con lo señalado por Dunlap en cuanto al objetivo y –además– que la motivación del ejecutor sea debilitar o destruir al adversario. Bajo este concepto, el lawfare no tendría por qué tener –necesariamente– una connotación negativa en la medida que su utilización podría evitar –o reducir el riesgo– de un conflicto bélico convencional. El problema está en la posibilidad –asimétrica– de utilizar la ley (nacional o internacional) para tales fines.

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Pero el término tiene dos acepciones más. Por un lado, la utilización de la justicia para alcanzar un objetivo político. Un caso emblemático es el de Roe c/Wade (1973) en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”([1]). Este caso se reconoce como el que permitió la legalización del aborto en el país.

Por otro lado, y es en lo que nos detendremos en el artículo, lawfare se conoce también al uso indebido de recursos jurídicos para persecución política.

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En los últimos años, el lawfare (“judicialización de la política”) en América Latina ha sido utilizado por los gobiernos conservadores para evitar que gobiernos progresistas continúen desarrollando cambios políticos y económicos, o –en todo caso– evitar que adversarios políticos, con una agenda progresista, puedan presentarse a cargos de elección popular.

En algo más de una década podemos identificar, en orden cronológico, los siguientes casos:

En 2009, basados en un requerimiento hecho por la fiscalía contra Manuel Zelaya, presidente constitucional de la República de Honduras, por delitos contra “la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras”([2]), la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura, procediendo las Fuerzas Armadas a cumplir con la orden. Zelaya fue capturado y deportado. La excusa para sacarlo del poder fue una consulta, no vinculante, realizada con el fin de conocer la opinión de la población sobre la posibilidad de una modificación constitucional que permita la reelección. En 2015, bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante un recurso presentado por el Partido Nacional (oficialismo), aprueba la modificación del artículo 239, permitiendo la reelección presidencial. Hernández es reelegido en 2017.

En 2012, el Congreso de la República destituía al presidente Fernando Lugo de Paraguay, mediante un golpe blando (juicio político) acusándolo de “mal desempeño de sus funciones”. Lugo presentó, ante la Corte Suprema, un recurso de inconstitucionalidad, siendo este desestimado. Human Right Watch (HRW) señaló que el procedimiento no cumplió con el debido proceso: “Si el proceso que lleva a separar de su cargo a un jefe de estado electo no respeta las garantías básicas del debido proceso, se afecta gravemente el estado de derecho”([3]). Tras la destitución, asumió el poder su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Colorado, principal impulsor de la medida.

En 2016, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también mediante un juicio político, es destituida del cargo, por “crímenes de responsabilidad”, acusándola de violar normas fiscales, maquillando el déficit fiscal. Al igual que en Paraguay, asumió el vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal impulsor de la destitución, juntamente con Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, del mismo partido. En 2017, en una entrevista con Bandeirantes TV, el entonces presidente Temer señaló que Cunha le había comentado que iba a archivar todas las solicitudes de impeachment contra Rousseff dado que le habrían prometido tres votos en la comisión de ética para evitar la acusación que este tenía por ocultar cuentas bancarias en el exterior. El voto del PT fue finalmente desfavorable. Temer, en dicha entrevista, sentencia: “Si el PT hubiera votado por él (Cunha) en aquella Comisión de Ética, es muy probable que la señora presidenta continuara”([4]). Ambos personajes, Temer y Cunha, están presos por corrupción.

En Ecuador, en 2017, fue preso el vicepresidente electo Jorge Glas, acusado y condenado por asociación ilícita a 6 años de prisión. La única “prueba” presentada es la delación del expresidente de Odebrecht. Para confirmar los vicios del proceso y su motivación política (Glas era un problema para el viraje político del presidente Moreno), la sentencia se realizó con el derogado Código Penal de 1971 y no con el Código Integral Penal (COIP), vigente desde 2014. Después de hacerse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que posibilitaba el nombramiento de personas afines en los cargos de Fiscal de la Nación, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional, Procuraduría, Contraloría y Consejo Nacional Electoral, entre otros, el gobierno de Moreno inició una persecución a las principales figuras del correísmo, como el excanciller Ricardo Patiño, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, o los asambleístas Carlos Viteri y Soledad Buendía, quienes se asilaron en México. También fueron encarcelados otros conocidos opositores como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón o el ex asambleísta, Virgilio Hernández ([5]).

Sobre el expresidente Rafael Correa se emitió, en 2018, una orden de captura internacional –por el denominado caso Balda– que fue rechazada por la Interpol ([6]). En 2020 fue sentenciado –por delitos de corrupción– a ocho años de prisión y 25 años de suspensión de sus derechos políticos. Correa es acusado de influir –mediante “influjo psíquico”– para que funcionarios realicen el delito. Dentro de la trama, se le acusa, además, de haber recibido USD 6 mil ([7]). El expresidente ha señalado que el único objetivo del juicio es evitar que se presente como vicepresidente en las próximas elecciones.

En 2018, Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil, entra en prisión –en la que permaneció 580 días– luego de ser condenado por corrupción pasiva y lavado de activos. El caso se basa en una acusación hecha por el presidente de OAS, Leo Pinheiro, en la que afirma haber reformado parcialmente un tríplex en Guarujá (Sao Paulo) para entregárselo al expresidente. La condena se dio, y se ratificó, aún conociendo que el registro de propiedad del tríplex estaba a nombre de OAS, e incluso había sido puesto en garantía. Tampoco se comprobó que existiera participación de Lula en los contratos de corrupción entre Petrobras y OAS. Como señaló el fiscal Dellagnol, “no tengo pruebas, pero sí convicción”. La Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia no duda en calificar de lawfare el proceso, y que tuvo como único objetivo –por el apresuramiento en los tiempos– de condenarlo y evitar que se presente a las pasadas elecciones, donde partía como favorito. El medio de comunicación The Intercept, por otra parte, hizo públicos los chats del exjuez Moro con Dellagnol, coordinando las acciones contra el expresidente, lo que afecta el debido proceso. La Asociación Americana de Juristas reconoce a Lula como un preso político. El juez que lo condenó fue posteriormente nombrado –por Jair Bolsonaro, ganador de los comicios– como Ministro de Justicia. Recordemos que incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió se permita que Lula pueda ejercer sus derechos políticos. Es cuestionable que Moro haya permanecido como ministro mientras Bolsonaro amenazaba la democracia brasilera, presionando a la fiscalía y al Tribunal Supremo, y apoyando las manifestaciones contra el cierre del Congreso. Su renuncia, lejos de ser una defensa a los valores republicanos, tiene su origen en una disputa de poder con el presidente.

En 2019, tras el golpe de estado cívico-militar en Bolivia, la justicia controlada por el gobierno de facto inició la persecución a los opositores políticos, algo que fue denunciado en las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ([8]). En este sentido, son emblemáticos los casos de la detención de la abogada del expresidente Morales, Patricia Hermosa; o, al ex ministro de gobierno, Carlos Romero. Asimismo, figuras como la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el excanciller, Diego Pary o el expresidente Evo Morales han sido inhabilitados para presentarse a las próximas elecciones. Por otra parte, el gobierno de facto ha solicitado la captura internacional de Morales bajo los delitos de “terrorismo y financiamiento al terrorismo”. Como ha señalado su abogado, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, el pedido de captura, al tener un fin político, será desestimado. Señaló, además: “En Bolivia inventan procesos y manipulan al poder judicial. Es el lawfare que conocemos, quieren un Estado que mantenga una careta democrática, pero todos sabemos cómo funciona eso”([9]).

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, tenía diez procesos abiertos en su contra, siete de ellos los llevaba el fallecido juez Claudio Bonadío, quien –dentro de los procesos– ordenó allanamientos, realizó pedidos de desafuero y pidió prisión preventiva contra la exmandataria. Entre las causas abiertas, se encuentra el caso de la firma de un memorándum con Irán que –a decir de Bonadío– favorecía a los principales sospechosos del atentado a la AMIA (1994) dado que, supuestamente, ordenaba instruir a la Interpol para que caigan las “alertas rojas”. El mes pasado, la organización policial envió un documento en el que afirmaba que sólo el juez Rodolfo Canicoba podía solicitar que se dieran de baja y que las mismas siempre estuvieron “plenamente vigentes”. En este juicio, Bonadío procesó a CFK por “traición a la patria”. Por este caso, el excanciller Héctor Timerman no pudo viajar para realizarse un tratamiento contra cáncer de hígado que padecía. Murió en 2018.

Recordemos, además, la “causa D’Alessio”, una red espionaje ilegal y extorsión. El caso salió a la luz luego que el empresario Pedro Etchebest denunciara que había sido extorsionado por el falso abogado D’Alessio, para pagar una suma de dinero para no ser imputado; y, además, obligado a declarar contra CFK en la “causa de los cuadernos”. La “causa D’Alessio” involucra al exjuez Bonadío, al fiscal Stornelli, a exfuncionarios del gobierno macrista como Elisa Carrió y periodistas como Santoro. D’Alessio señaló en una entrevista: “No doy más, la verdad es que tengo mucho para aportar, no solo en mi causa. Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la expresidenta ([10])”. Por otro lado, se ha abierto otra investigación por una supuesta red de espionaje que involucra al gobierno anterior, a la agencia de inteligencia y al periodista Luis Majul.

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La lucha contra la corrupción, una causa noble en nuestras frágiles democracias, y muy sensible a la opinión pública, que la ve como la principal causa de la situación social y económica, está siendo utilizada para socavar el Estado de Derecho. Como dice la teoría del lawfare, y como se puede apreciar en los casos descritos, son tres los factores que se ven involucrados: i) Un sistema judicial dependiente del poder de turno, lo que implica la ruptura de los valores republicanos como la independencia de poderes; ii) Medios de comunicación, concentrados, que dirigen sus objetivos a formar una opinión negativa de los involucrados en las causas. Los medios son los encargados de permitir que la persecución política tenga aceptación ciudadana; y iii) El timing, es decir, el momento en que una causa o “hecho relevante” se da a conocer a la opinión pública, afectando directamente los intereses políticos de los investigados, o sus partidos políticos.

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Actualmente, la preocupación debería estar concentrada en los casos en que la persecución política podría afectar el rumbo democrático de un país. Me refiero a los casos de Bolivia y Ecuador, próximos a elecciones presidenciales.

En Ecuador, Pablo Celi, quien asumió como contralor subrogante luego de la renuncia del titular Carlos Polit (acusado de corrupción por el caso Odebrecht), y ratificado por el CPCCS-T (afín al morenismo), presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el informe de auditoría DNA1-0053-2019 en el que recomienda dejar sin efecto la inscripción electoral de cuatro movimientos, entre ellos, el de Fuerza Compromiso Social, el cual ha servido de plataforma al correísmo. El CNE, luego de analizar el informe, decidió mantener la personería jurídica del movimiento y, por tanto, mantener la posibilidad que se presenten en las próximas elecciones. Sin embargo, como nos han acostumbrado durante el presente mandado, la Contraloría emitió un oficio de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, así como para los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, quienes votaron a favor de permitir que los movimientos políticos continúen inscritos y mantengan su personería jurídica. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha admitido a trámite una denuncia contra el Contralor en la que se pide su destitución por intromisión en la función electoral y arrogación de funciones”.

Mientras la Contraloría presiona para que se cumplan sus “recomendaciones”; es decir, no permitir que el partido que representa a la Revolución Ciudadana pueda presentar binomio, el progresismo ha conformado la coalición “Unión por la Esperanza” (UNES) para participar en las elecciones de febrero de 2021.

En Bolivia, por su parte, el candidato por el MAS-IPSP para las elecciones del 6 de septiembre (si no se modifican, nuevamente, por presión de los candidatos promotores del golpe de estado), Luis Arce, ha denunciado se pretende proscribir su candidatura. En este sentido, el gobierno de facto presentó una denuncia penal contra el exministro de economía por daño contra el estado por la compra, supuestamente irregular, de un software para la Gestoría Pública.
Proscribir a las fuerzas progresistas es la única manera que tiene el conservadurismo de continuar en el poder. El cansancio por las crisis económicas y sociales, además de las críticas por el manejo de la pandemia, hace que tanto la Revolución Ciudadana, como el MAS-IPSP, se encuentren liderando las intenciones de voto. Con la excusa de defender la democracia, se evita la pluralidad de opciones políticas.

FUENTES:

[1] https://www.plannedparenthood.org/uploads/filer_public/bb/64/bb64e3b0-3a02-4705-b126-de799980d8db/roecontrawadeantecedenteseimpacto_2010-05.pdf

[2] http://www.cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Cap.3.htm

[3] https://www.hrw.org/es/news/2012/06/25/paraguay-plazos-insuficientes-para-el-debido-proceso-en-juicio-politico

[4] https://www.telam.com.ar/notas/201704/186060-brasil-carcel-cunha-ex-diputado-temer-corrupcion-acusacion-dilma-rousseff-golpe-destitucion.html

[5] https://kaosenlared.net/ecuador-la-persecucion-politica-a-los-opositores-de-lenin-moreno/

[6] Idem

[7] https://www.planv.com.ec/historias/politica/pecados-correa-segun-jueces-del-caso-sobornos-y-otras-curiosidades-la-sentencia

[8] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp

[9] https://750.am/2020/07/07/raul-zaffaroni-en-bolivia-inventan-procesos-y-manipulan-al-poder-judicial/

[10] https://www.perfil.com/noticias/politica/marcelo-dalessio-dijo-si-yo-hablo-se-caen-las-cuatro-causas-emblematicas-contra-el-kirchnerismo.phtml

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2 Comments

  1. Qué excelente y esclarecedor ese concepto de Lawfare.
    De un tiempo a esta parte, el poder judicial se ha convertido en el ámbito preferido de los sectores dominantes para bloquear políticamente a quienes genuinamente (hay de los falsos) representan la opción de cambio o peor aún, de impedir procesos de cambio favorables a las mayorías, tratando de mantener situaciones perversas del injusto statu quo imperante.
    Los intentos de bloquear los octógonos, la oposición a los Acuerdos de Escazú, los escamoteos a la consulta previa… En general el orden jurídico está constituido para mantener los privilegios de una sociedad que no ha salido de su situación colonial. A las poblaciones originarias se les tiene legalmente excluidas, sin ningún resquicio de apertura para que cambie su situación. Pero, es una situación que socialmente se va embalsando y podría eclosionar con resultados imprevisibles.

  2. […] serían una comprobación de dicha afirmación. Sin embargo, como lo comentamos en el artículo «La Trampa del ‘Lawfare’»[1], lejos de buscar justicia, el objetivo tiene un trasfondo político, y es evitar que los […]

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