Desde el Sur

La derecha «democrática» o del camino antidemocrático para salvar la democracia

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La democracia tiene como uno de sus pilares la distribución equitativa del poder, y –en ello– la esencia del voto universal. La derecha continental constantemente acusa a la izquierda progresista de ser antidemocrática, pero… ¿será esto así? ¿qué nos dice la historia reciente?

Entre el período dictatorial (neoliberal, a excepción de Perú hasta 1975) y el progresista, la región en su conjunto estuvo gobernada por la derecha, sin oposición política, y con la mirada siempre puesta en el poder colonial del norte. En este momento, se desarrollan –y/o profundizan– las medidas económicas basadas en el Consenso de Washington, que implicaban políticas de ajuste fiscal y una serie de reformas en función de los intereses del capital privado. Durante este período, con el fin de proteger sus intereses, las élites oligárquicas que se beneficiaron con las reformas cooptaron el poder político y judicial.

Como era de esperarse, este tiempo no fue de paz. La profundización de la desigualdad y exclusión dio paso al estallido social que derivó en las crisis económicas y políticas de finales de los 90 y principios de la década siguiente. Esta era la situación cuando el progresismo asciende al poder. En Ecuador, la crisis política de 1996 durante el gobierno de Abdalá Bucaram terminó con 7 presidentes en 10 años. En Argentina, la crisis política y económica del 2001, imponiendo el «corralito» para evitar los retiros masivos de depósitos bancarios, la destitución de Fernando de la Rúa como presidente, y 3 gobernantes en menos de 4 años. En Bolivia, la crisis económica hizo estallar las protestas que terminaron en las denominadas «guerra del agua» (2000) y «guerra del gas» (2003). En Venezuela, la vigencia del «pacto de punto fijo» (1958) que implicó la repartición del poder entre Acción Democrática (AD) y el social cristiano COPEI, y las protestas por la crisis económica conocidas como el «Caracazo» (1989), dieron fin a la Cuarta República. El progresismo era el outsider.

Durante el período progresista, a través de la democracia directa, la participación ciudadana –de los plebeyos– se profundizó; en otras palabras, la sociedad civil (organizada) dejó de ser un actor pasivo para ser partícipe de la política pública. En esa misma línea se ampliaron los derechos individuales de las minorías tradicionalmente excluidas. En el plano económico, aprovechando el precio de los commodities se tuvo una política fiscal expansiva, priorizando el gasto en el sector social; se apostó por el fortalecimiento del sistema productivo nacional; y, la ampliación de los derechos laborales. En el campo exterior, dada su esencia antiimperialista, se incentivó la integración regional y la independencia política de EEUU. De esto, la denominación de «gobiernos nacionales y populares».

Entonces, ¿en qué se basan para hablar de una izquierda antidemocrática? Se repite hasta el cansancio que el progresismo tiene como uno de sus objetivos la modificación de las constituciones nacionales para «perpetuarse en el poder»; sin embargo, esto no es del todo cierto. Los únicos países – en América del Sur – que permiten la reelección indefinida son Venezuela, Ecuador y Bolivia. En el primer caso, el cambio contó con el voto del chavismo y la oposición; en el segundo, aunque está permitido, no fue la opción del correísmo, quien presentó como candidato a Lenín Moreno, quien luego traicionó a sus votantes; y, en el tercer caso, luego que la corte electoral y la propia OEA avalaran la candidatura de Evo Morales, ello sirvió de excusa para el golpe de estado posterior. Los gobiernos de Argentina y Uruguay no hicieron modificaciones constitucionales.

Pero el liberalismo volvió a ser hegemónico en la región (desde la lógica de quien ostenta el poder). Mediante elecciones democráticas recuperó Argentina, Chile y Uruguay (resultados aceptados por la izquierda), y –con el recuerdo del período dictatorial– dio golpes institucionales en Paraguay y Brasil; y un golpe cívico-militar en Bolivia. Los gobiernos –golpistas o no– se esforzaron en deshacer lo realizado por el progresismo, volvió la reforma laboral, la previsional, la disminución de la inversión pública (educación y salud), la desinversión de I+D. Un apunte especial debe tener la institución castrense que –fiel a su historia– ha servido como fuerza defensora de la clase oligárquica, rompiendo el orden constitucional (Bolivia), reprimiendo a la sociedad civil movilizada como lo vimos en octubre en Quito y Santiago, en noviembre en El Alto (Senkata) y Cochabamba (Sacaba) o desde hace un par de días atrás en Bogotá. La violación de derechos humanos ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Otro de los argumentos esgrimidos por la derecha, y amplificados por la prensa concentrada, es que, con el progresismo en el gobierno, el poder judicial pasa a ser un “títere” del mismo. Esta tesis pretende refutar la cooptación del aparato de justicia por parte de la oligarquía, sosteniendo que los distintos procesos iniciados durante los gobiernos de derecha contra los líderes progresistas, una vez concluidos sus mandatos, serían una comprobación de dicha afirmación. Sin embargo, como lo comentamos en el artículo «La Trampa del ‘Lawfare’»[1], lejos de buscar justicia, el objetivo tiene un trasfondo político, y es evitar que los candidatos con opciones de recuperar el poder para el progresismo puedan presentarse a elecciones. Ejemplos de ellos hay muchos, la condena a Rafael Correa por «influjo psíquico» y a Evo Morales por no tener residencia permanente en Cochabamba (absurdo si tomamos en cuenta que salió perseguido por el gobierno de facto y se encuentra asilado en Argentina). Una lógica similar fue utilizada para prohibir la candidatura de ‘Lula’ da Silva en Brasil, acusado de ser dueño de un tríplex cuyos títulos de propiedad negaban dicha afirmación.

Por si fuera poco, es sumamente preocupante la avanzada golpista en Argentina, gobierno elegido en primera vuelta a finales de 2019. La policía bonaerense, reclamando un ajuste salarial (problema surgido durante el gobierno de la provincia en el período anterior), ha llegado a rodear, con vehículos oficiales y armados, la Quinta de los Olivos, residencia oficial del presidente Alberto Fernández. Esta acción tiene un trasfondo dirigido a mantener la impunidad que tenían con el gobierno macrista y la gestión de la exministra, Patricia Bullrich, con la llamada «Doctrina Chocobar», al pedir la libertad de un policía que asesinó por la espalda a un ladrón en 2017.  Esta acción recuerda dos sucesos en la historia reciente: el intento de golpe de estado en Ecuador en 2010 y el golpe de estado en Bolivia en 2019, que se inició con motín de la policía. En ambos casos, el argumento fue las mejoras salariales.

Parece ser, entonces, que la evidencia no avala la tesis inicial; mientras la izquierda apuesta por las reglas de la democracia liberal, la derecha ha escogido tres caminos para “defenderla”: i) los golpes de estado (institucionales o militares); ii) la represión; y, iii) el «lawfare». En todo caso, la defensa de la democracia sigue siendo un discurso para justificar acciones que van, precisamente, a socavar lo que dicen defender. Las instituciones tienen que ser reformadas para que la democracia se convierta en una vía de gobierno para todos, y no sólo sea una denominación para que los gobiernos oligárquicos sigan manteniendo sus privilegios.

Por: Alfonso Bermejo Villla

[1] http://plazatomada.pe/lawfare/

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