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La anexión de Cisjordania, una tormenta perfecta

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Por: Alfonso Bermejo Villa

En octubre de 1993, el gobierno del Estado de Israel, representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres; y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), representada por Mahmud Abbas, suscribían la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional[1] (denominado, Acuerdo de Oslo I, por el nombre de la ciudad donde se llevaron a cabo las negociaciones). El artículo I del citado acuerdo señalaba que el objetivo era establecer una Autoridad de Autonomía Provisional Palestina, entendiendo que estos arreglos, provisionales, “son parte integral de todo el proceso de paz y que las negociaciones sobre el estatuto permanente conducirán a la implementación de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad” de las Naciones Unidas.

La resolución 242[2], del 22 de noviembre de 1967, pide – expresamente – el “retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto”, haciendo alusión a la “Guerra de los Seis Días”, del mismo año, donde Israel se hizo con la Península de Sinaí y la Franja de Gaza (Egipto), los Altos del Golán (Siria) y Jerusalén Este y Cisjordania (Jordania). Hay que recordar que luego del conflicto árabe-israelí de 1948, y el armisticio del año siguiente, la Franja de Gaza quedó bajo administración egipcia y Cisjordania bajo tutela de Transjordania (Jordania). La resolución, además, insistía en la “inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra”.

Por su parte, la resolución 338[3], del 22 de octubre de 1973, con motivo del conflicto conocido como la “Guerra de Yom Kipur”, insta a las partes a “que empiecen inmediatamente después de la cesación del fuego la aplicación de la resolución 242 (1967) de 22 de noviembre de 1967 del Consejo de Seguridad”.

El Acuerdo de Oslo I, entonces, implicaba la devolución por parte de Israel de los territorios ocupados, primero la Franja de Gaza, y posteriormente Cisjordania, conforme a las fronteras descritas en el armisticio de 1949, donde Palestina perdió parte del territorio establecido en el Plan de Partición de Palestina[4], aprobado mediante resolución 191 de la Asamblea General de 1947.

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Pese a la ocupación de territorios palestinos, el sionismo ha seguido avanzando a través de asentamientos, “legales” e ilegales, de colonos. En este sentido, de acuerdo con los datos de la ONG israelí Peace Now, en Cisjordania viven, aproximadamente, 427.800 colonos, lo que representa el 14% de la población establecida en el territorio palestino, y el 5% de la población israelí. Para que nos hagamos una idea, en 1967, los colonos no pasaban de los 1.500. En cuanto a los asentamientos, de acuerdo con la misma fuente, se han establecido, con el beneplácito del Gobierno, 132 asentamientos (excluidos los de Jerusalén Este) y existen 124 puestos de avanzada; es decir, asentamientos que se establecieron a partir de la década de 1990 pero que no son considerados legales por las leyes israelíes. Ver: https://peacenow.org.il/maps/peacenow-desktop/index.html

En febrero de 2017, la Knéset (parlamento israelí) había aprobado la Ley para la regularización de los asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania) que permitía legalizar la usurpación de tierras. En este sentido, organizaciones palestinas y judías interpusieron una demanda ante el Tribunal Superior para anular la ley, lo que finalmente se dio a principios del presente mes. Esther Hayut, presidenta del Tribunal señaló que la ley “infringe, de manera desigual, los derechos de propiedad de los residentes palestinos al dar preferencia a los intereses de propiedad de los colonos israelíes”. Asimismo, mencionó que dicha ley “busca legalizar retroactivamente los actos ilegales perpetrados por una población específica en la región y al mismo tiempo dañar los derechos de otra (…) en la práctica, y en contra de la política establecida por el gobierno, la construcción de asentamientos israelíes en el área se ha llevado a cabo, a lo largo de los años, incluso en propiedades no gubernamentales. Esta construcción, hay que decirlo, se llevó a cabo, en parte, con la asistencia y el apoyo de las instituciones estatales y otras autoridades”.

Ante la decisión del Tribunal, el “Likud”, partido del primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó el fallo de la justicia y prometió impulsar una nueva ley para lograr el objetivo. Por su parte, Benny Gantz, de la alianza “Kahol Lavan” (Azul y Blanco), quien asumirá el gobierno el 17 de noviembre de 2021, como parte del acuerdo para salir de la crisis política en la que se encontraban luego de dos elecciones sin poder formar gobierno, manifestó que acatará la decisión de la justicia.

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El gobierno israelí; sin embargo, ha apostado al decidido apoyo del actual gobierno republicano de los Estados Unidos de América en completar el anhelo de arrebatar las tierras palestinas. En este sentido, en enero pasado, el presidente Trump presentó el denominado “Acuerdo del Siglo”, un plan de paz elaborado, juntamente con Israel, sin contar con la participación de Palestina, quien resulta siendo la parte perjudicada.

El citado acuerdo plantea:

i) La anexión a Israel de Judea y Samaria (Cisjordania). El documento señala que el control de este territorio es fundamental debido a que es fronterizo con Jordania. Palestina, entonces, quedaría como un estado dentro de otro estado, y desmembrado.

ii) Jerusalén pasaría a ser la capital de Israel. El acuerdo plantea que algunos barrios sin importancia histórica, cultural y religiosa sean reconocidos como Jerusalén Este (al-Quds) y se conviertan en la capital de Palestina.

iii) El asunto de los refugiados palestinos de 1948 deberá resolverse fuera de las nuevas fronteras de Israel.

  • El asunto de los refugiados palestinos de 1948 deberá resolverse fuera de las nuevas fronteras de Israel.

Como era de esperarse, el “acuerdo de paz” no cuenta con el apoyo de los actores políticos palestinos, Al-Fatah y Hamas, además de la Liga Árabe. Este plan también ha sido rechazado por líderes del Partido Demócrata de EEUU, por la mayoría de países de la Unión Europea y por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quien manifestó que dicho documento termina con las negociaciones tendientes a encontrar una salida pacífica al conflicto de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.

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Netanyahu, como parte de los acuerdos con Gantz, ha expresado su deseo de anexar los asentamientos ilegales en Cisjordania y el Valle del Jordán el 1 de julio próximo. Aunque el “Likud” ha señalado que no dará marcha atrás, lo cierto es que aún no existe consenso entre los actores internos. Por un lado, la decisión del Tribunal Superior de declarar inconstitucional la anexión de los asentamientos; por otro lado, las diferencias con “Kahol Lavan”, principalmente por la extensión de Cisjordania a anexar; y, finalmente, la oposición de una parte de los colonos israelíes, agrupados en el Consejo de Yesha, que se oponen al plan propuesto por Trump por considerar que el reconocimiento de un estado palestino va en contra de su derecho bíblico a dichas tierras, por la suspensión de crear nuevos asentamientos mientras se implementa el plan, y por las colonias judías que quedarían en enclaves palestinos.

Por el frente externo, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, en una declaración avalada por 25 de los 27 países que conforman la Unión Europea expresaba “Instamos a Israel a abstenerse de cualquier decisión unilateral que conduzca a la anexión de cualquier territorio palestino ocupado y que, como tal, sea contrario al derecho internacional”. Los países que se han abstenido son Hungría y Austria. El ministro de relaciones exteriores alemán, Heiko Maas, por su parte, alertaba sobre posibles sanciones, además del reconocimiento al Estado Palestino; y, el ministro luxemburgués, Jean Asselborn, fue aún más tajante al señalar que no veía diferencia entre esta acción y la anexión de Crimea por parte de la Federación de Rusia que llevó a imponerle sanciones en 2014.

La anexión unilateral afectaría las relaciones de Israel con Egipto, Jordania y sus “aliados” del Golfo que, bajo el objetivo común de hacer frente a la creciente influencia en la región por parte de Irán, habían acercado vínculos con el sionismo. Una de las posibles consecuencias es también la inestabilidad de Jordania dado que un aumento de la violencia interna podría conllevar una ola de refugiados hacia el reino hachemita, que ya cuenta – según la UNRWA – con más de 2.2 millones de refugiados. La inestabilidad jordana, y la posibilidad de una tercera intifada (las protestas de 2017 no podrían considerarse como tal) implicaría un movimiento militar importante; que, sumado a las posibles acciones de las fuerzas sirio-iraníes desde la frontera con Siria, las de Hamás desde la Franja de Gaza, y las de Hezbolá desde el Líbano, podrían suponer la escalada a un conflicto regional.

La anexión de Cisjordania, dadas las posibles consecuencias, parece, sobre todo, un acto desesperado de un actor envuelto en problemas judiciales con intención de desviar la atención. La excusa, los tiempos, dada la alta probabilidad de que la administración republicana sea derrotada en las elecciones de noviembre próximo. Hasta ahora, la comunidad internacional, pero sobre todo la Unión Europea, ha mantenido un papel timorato, muchas veces vergonzoso, pese a las constantes violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Las amenazas de Netanyahu pueden significar un punto de inflexión en las relaciones de Israel con el mundo.

En esta coyuntura, se vuelve más relevante el trabajo de la fiscal general de la Corte Penal

Asimismo, el 23 de junio pasado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó 5 resoluciones, presentadas por Pakistán, en representación de la Organización para la Cooperación Islámica, respecto a Palestina y otros territorios ocupados: i) solicitar a la Alta Comisionada que prepare un informe sobre las consecuencias de la intensificación de la actividad de asentamientos en el territorio palestino ocupado[5]; ii) exigir que Israel se retire del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este[6]; iii) exigir que se ponga fin a todas las prácticas y acciones que vulneran los derechos humanos, adoptando medidas urgentes para garantizar la protección y seguridad de la población civil[7]; iv) adoptar las medidas necesarias para promover la realización del derecho de autodeterminación del pueblo palestino[8]; v) exigir a Israel se retire de todo el Golán sirio[9].

El fin de los acuerdos de Oslo, debido a la irresponsabilidad de la potencia ocupante, deja claro que la intención del sionismo no es la suscripción de los acuerdos de paz, sino la usurpación de territorio ajeno. La comunidad internacional tiene la obligación de poner fin al sufrimiento del pueblo palestino reconociéndolo como Estado independiente bajo las fronteras de la línea verde[10], o – para ser más justos – las del Plan de Partición de Palestina de Naciones Unidas de 1947.

Fuentes:

[1] https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/71DC8C9D96D2F0FF85256117007CB6CA

[2] https://undocs.org/es/S/RES/242%20(1967)

[3] https://undocs.org/es/S/RES/338%20(1973)

[4] https://undocs.org/es/A/RES/181(II)

[5] https://undocs.org/es/A/HRC/43/L.36

[6] https://undocs.org/es/A/HRC/43/L.37/Rev.1

[7] https://undocs.org/es/A/HRC/43/L.38/REV.1

[8] https://undocs.org/es/A/HRC/43/L.39

[9] https://undocs.org/es/A/HRC/43/L.28

[10] Se llama así a las fronteras luego del armisticio árabe – israelí de 1949. El color verde refiere a la tinta utilizada sobre un mapa para delimitar las fronteras durante las negociaciones.

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