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Hacia un nuevo pacto social: El impuesto a la riqueza

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Por: Alfonso Bermejo Villa

Simón Kuznets, en un artículo de 1955 sobre desarrollo y distribución del ingreso, analiza la evolución de la desigualdad en Estados Unidos (1913-1948), concluyendo que en un estadío inicial de crecimiento la desigualdad tiende también a aumentar, algo que se reduce posteriormente. En ese sentido, la famosa Curva de Kuznets es parecida a una “U invertida”. A partir de esta hipótesis, la economía clásica se ha visto tentada a ver la desigualdad como un problema marginal.

Por su parte, Thomas Piketty, el economista más influyente en materia de desigualdad, analizando estas variables en varios países y para un mayor número de años, concluye que la teoría de Kuznets estaba equivocada en la medida que el mismo fenómeno había sido observado en distintos países, debiéndose principalmente a los shocks derivados de la Segunda Guerra Mundial, los mismos que afectaron a los grandes patrimonios. Con posterioridad a ese período temporal, países que han alcanzado ingresos altos han tenido trayectorias distintas con relación a los niveles de desigualdad. En los últimos años, los estudios sobre la materia han ido adquiriendo relevancia, no solo en el ámbito académico, sino también en la política pública, existiendo —en términos generales— un consenso sobre las externalidades negativas en las sociedades desiguales, como la pérdida de eficiencia agregada del capital humano, el resquebrajamiento de la cohesión social, los altos índices de violencia o el debilitamiento institucional.

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En este sentido, una de las discusiones comunes sobre la igualdad es la percepción de que influye, negativamente, en la eficiencia a nivel individual; es decir, si existe un tope a las aspiraciones económicas, el esfuerzo realizado será menor, y eso afectaría, finalmente, los niveles de rendimiento (productividad). Hace algún tiempo esta “verdad” ha sido desestimada, inclusive el FMI ha señalado que —por el contrario— mayores niveles de igualdad puede afectar positivamente el crecimiento a mediano plazo. Seguramente los países nórdicos sean el mejor ejemplo al respecto.

Por otro lado, hay estudios que demuestran que, aunque existen niveles tolerables (subjetivos) de desigualdad, la mayoría de los individuos son aversos a la desigualdad; es decir, lo consideran un mal social. Sin embargo, persiste la creencia que la desigualdad correlaciona con el esfuerzo individual. En este sentido, es la desigualdad estructural, es decir, aquel privilegio individual no asociado al esfuerzo, el que debe ser erradicado. Una variable que explica claramente que la desigualdad es —principalmente— estructural es el índice de movilidad social; así, en países cuya población en su conjunto accede más (y mejor) a los bienes y servicios —como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia— las familias de bajos ingresos necesitan dos o tres generaciones para aproximarse al ingreso medio de la sociedad. En Colombia, un país con características similares al Perú, una familia precisaría de once generaciones[1]. En Chile y Argentina se necesitan seis, y en Brasil, nueve.

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La pandemia ha mostrado crudamente los niveles de desigualdad existentes, e indiscutible la necesidad de hacerles frente. La retórica de los últimos 30 años ha hecho hincapié en el mandato de que cada individuo busque su propio bienestar, lo que afectaba la relación del individuo con su entorno, pues el bienestar individual está asociado, estrechamente, al bienestar como sociedad.

En este contexto, se ha iniciado un debate que afecta la ortodoxia liberal: la necesidad, no solo moral, de incluir un impuesto a la riqueza que permita financiar los servicios sociales del Estado. El Financial Times, una de las referencias del liberalismo económico, ha señalado en un reciente editorial (Virus lays bare the frailtry of the social contract) que la redistribución deberá volver a estar en la agenda y las políticas como la renta básica y los impuestos a la riqueza deberán también ser propuestas y discutidas.

Un impuesto a la riqueza ha sido propuesto en países como Chile, Argentina, Estados Unidos, España o Inglaterra. En Perú, luego de que el tema saltara a los medios, los grupos de poder económico se encargaron de que sea desestimada por las autoridades económicas, arguyendo que un impuesto ahuyentaría las inversiones e incentivaría a los ricos a buscar mecanismos para eludir, o evadir, el fisco.

Sin embargo, durante el corto debate, surgió la interrogante de qué tan justo es un impuesto a la riqueza. Para responderla, tomo dos artículos publicados en la web Project Syndicate:

– Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparado de la Universidad de Columbia, señala que existen claras razones para que el Estado sancione leyes que favorezcan a los capitales privados, derivadas principalmente al desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, señala también que la posibilidad de cosechar sus fortunas se debe a los beneficios de las leyes que los protegen, ya sea a través de la propiedad intelectual, la protección a los activos financieros o el derecho corporativo. En resumen, no son solo el esfuerzo o las ideas las que sostienen el éxito económico de las empresas sino también la protección que el Estado brinda al capital[2]. Esto, seguramente, lo podremos ver más claro si observamos que, por ejemplo, dentro del Plan Reactiva Perú, más del 70% de los fondos se destinaron a las grandes empresas.

– James Bradford DeLong, profesor de la Universidad de Berkeley, y ex Secretario General Adjunto del Departamento de Tesoro, menciona que, dentro de los tres principios fiscales básicos, está el de gravar a “aquellos actores cuyo costo, por el pago de impuestos, sea menor en términos de utilidad, es decir, a los ricos”[3]. Esto quiere decir, básicamente, que un impuesto al patrimonio, a quienes menos afecta, es a las grandes fortunas.

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En Chile, la diputada por el Partido Comunista, Karol Cariola, presentó un proyecto de ley para gravar con un impuesto de 2,5% a la riqueza (patrimonio) cuyas fortunas sean superiores a los USD 10 millones. Esta propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que se elevó al presidente solicitando se aplique dicho impuesto para financiar el Ingreso Familiar de Emergencia (IEF). Se estima que dicho impuesto podría recaudar un aproximado de USD 6 mil millones.

Para Perú, me basaré en el documento Riqueza y Desigualdad en el Perú: visión panorámica (2019), de Oxfam[4], para hacer un ejercicio simple que nos sirva como referencia. Para ello supondremos las mismas variables que la propuesta chilena. Asimismo, dado que los datos aportados por la consultora Knight Frank no están actualizados, haremos un promedio entre el último dato disponible (2016) y la proyección al 2026. Los resultados son los siguientes:

  •  – 1,010 personas con una fortuna superior a los USD 10 millones;
  •  – 345 por encima de USD 30 millones;
  •  – 42 con más de USD 100 millones;
  •  – 6 con un patrimonio mayor a los USD 1,000 millones.

En rangos, la distribución sería la siguiente:

  •  – 665 entre USD 10 millones y USD 30 millones;
  •  – 303 entre USD 30 millones y USD 100 millones;
  •  – 36 entre USD 100 millones y USD 1,000 millones;
  •  – 6 por encima de USD 1,000 millones.

El monto estimado recaudado, usando los promedios de los rangos es como sigue:

  •  – USD 332,5 millones;
  •  – USD 492,4 millones;
  •  – USD 495 millones;
  •  – USD 150 millones.

Con un impuesto de 2,5% a los promedios en los rangos señalados, la recaudación resultante en el ejercicio sería USD 1.470 millones. Esto, por supuesto, es una cifra conservadora.

¿Y, qué tanto podría afectar un impuesto de esta magnitud a los “súper ricos”? En el documento de Oxfam, se estimaba que la fortuna del hombre más adinerado del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, en 2017, era de USD 2,7 mil millones; y, por otro lado, el Grupo El Comercio, en 2020, señalaba que el patrimonio ascendía a USD 3,9 mil millones. Si el patrimonio del 2017 hubiese sido gravado, se habría recaudado USD 67,5 millones, lo que no parece ser mucho si tomamos en cuenta el aumento de patrimonio en esos tres años fue de USD 1,2 mil millones. Estos datos confirmarían lo señalado por Bradford.

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Les propongo otro ejercicio: el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) del Programa Pensión 65[5], en el 2018, fue de 860,5 millones de nuevos soles, cubriendo a más de 557 mil usuarios; es decir, personas mayores en situación de pobreza extrema que reciben 250 soles de manera bimensual. Estaremos todos de acuerdo que 125 soles mensuales no es un monto que dignifique. Ahora bien, convertido a nuevos soles el monto recaudado por este hipotético impuesto a la riqueza sería de 5.150 millones, aproximadamente. Dicho monto es seis veces mayor al presupuesto anual del referido programa, lo que implica que podríamos aumentar la pensión de nuestros adultos mayores, que ha sido el grupo más afectado por la pandemia.

Este fue solo un ejemplo, pero se podría usar ese dinero para inversión en educación, salud, agua potable y alcantarillado, lucha contra la desnutrición y la anemia, ciencia y tecnología, lucha contra la violencia de género, etc.

Es importante aprovechar que el tema está siendo discutido y que tiene un importante consenso entre la población. En este sentido, de acuerdo con la CELAG, en Argentina, el 78% de la población estaría de acuerdo con dicho impuesto; en Chile, el 72%; y, en México, el 67%. En Perú, el FREPAP y el Frente Amplio han presentado propuestas en el Congreso, y el Movimiento Nuevo Perú ha impulsado un debate al respecto. Todas las propuestas merecerían ser discutidas. Es hora de cambiar el modelo por otro en el que los grandes capitales empiecen a devolverle a la sociedad una parte de los beneficios obtenidos. Y esto podría lograrse, en parte, mediante un impuesto a la riqueza que tenga una periodicidad bianual o trianual, por lo que considero erróneo el planteamiento según el cual se discutía establecer un impuesto a la riqueza único o puntual.

 

FUENTES:

[1] https://www.oecd.org/els/soc/1-5%20generations.png

[2] https://www.almendron.com/tribuna/si-se-justifica-la-riqueza-tambien-un-impuesto-a-la-riqueza/

[3] https://www.prensa.com/impresa/opinion/impuesto-a-la-riqueza-sentido-comun/?fbclid=IwAR1tu77dKOIWQaCjR3-zijFIfykKrSrCv65hvpJTrRx9tUv0Nrf_QWcTP1s

[4] https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/riqueza-y-desigualdad-en-el-per%C3%BA-visi%C3%B3n-panor%C3%A1mica

[5] https://info.pension65.gob.pe/infopension/indexPR.php

Nota: Foto de portada tomada de Actua.pe

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2 Comments

  1. No estoy de acuerdo en que un impuesto a la riqueza sea necesario para paliar los efectos negativos de la desigualdad estructural. En todo caso, se debería atacar la desigualdad misma con medidas que faciliten la movilidad social: Menos burocracia, mayor penetración financiera, promoción de actividades mype, mayor inversión en educación. A fin de cuentas, me parece que el impuesto a la riqueza sólo es un parche que en teoría suena bueno por la equidad que aparenta traer, pero que solo esconde una solución temporal basada en un criterio subjetivo más que objetivo.

    1. Hola Vicente, soy Alfonso, el autor del texto. Yo, como habrás visto, creo que un impuesto a la riqueza es – no sólo justo – sino necesario. Casos en América Latina donde se cobra, hay: Uruguay, Colombia y Argentina. En Europa también lo es. Pero, además, se ha planteado la discusión casi en todos lados (incluido EEUU), y a nivel – también – académico. Pero pongamos un caso… como poco, podemos suponer una recaudación de USD mil millones (en Chile se estima USD 6 mil millones)… Hace pocos días, por otro lado, la ministra Alva ha dicho que imponer por ley que se llegue a 6% del pbi para educación es inviable presupuestalmente… si tenemos “problemas” de caja (que no, véase RIN y FEF), por qué no buscar un mecanismo, más allá de buscar disminuir la informalidad, de acceso a recursos frescos que no implique un costo para el estado (como el endeudamiento). Dejamos de invertir en servicios básicos hasta que no ampliemos la base fiscal? algo que no han hecho (o querido hacer) desde hace más de 30 años? Tus propuestas son válidas, claramente… pero lo cierto es que sino invertimos en educación, salud, etc., no existirá posibilidad de movilización social.

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