Agendas GlobalesDesde el Sur

Estados Unidos y la desintegración regional

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Por: Alfonso Bermejo Villa 

Durante el período progresista, América Latina estuvo marcada –también– por los esfuerzos de integración, y no sólo como mecanismo de complementariedad económica y comercial. En este sentido, destaca la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)[1], un espacio de diálogo político y cooperación regional, constituido en Brasilia (Brasil) en 2008, y que contaba entre sus objetivos el trabajo conjunto en materia energética, salud, educación, I+D (investigación y desarrollo), fortalecimiento de la democracia e infraestructura, entre otros.

Este espacio fue concebido en la III Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Cusco, en 2004. La afinidad política de la mayoría de los países de la región hizo posible que se materialice rápidamente. El liderazgo del bloque fue asumido por Brasil (cuyo presidente era Luiz Inácio «Lula» da Silva), que aspiraba a convertirse en un actor de influencia geopolítica regional y global, reduciendo el peso de EEUU en las políticas de los países miembros. Es importante recordar que, cuatro años más tarde –en 2011– Brasil conformaría los denominados BRICS, junto a Rusia, China, India y Sudáfrica.

El rechazo a la injerencia norteamericana dentro de los países del bloque progresista tuvo su punto cumbre en el rechazo –durante la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 201 – del acuerdo del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Gobernaba a los EEUU entonces George W. Bush. Como casos de éxito de la UNASUR, dentro del territorio sudamericano, se puede destacar: i) la mediación luego del ataque colombiano al campamento de las FARC-EP ubicado en Angostura (Ecuador) en 2008; ii) la mediación, en 2008, ante el peligro de un conflicto interno luego de las protestas en las cuatro provincias bolivianas más ricas en yacimientos gasíferos; iii) la mediación, en 2009, entre Venezuela y Colombia, luego que el expresidente Álvaro Uribe autorizara el uso de siete bases militares norteamericanas en su territorio; iv) la intervención política en el intento de golpe de Estado en Ecuador en 2010; vi) la activación de la “carta democrática” contra Paraguay luego del golpe institucional al expresidente Fernando Lugo en 2012. Pero su actuación no estuvo sólo ligada a la solución de conflictos; sino también se destacan las misiones de observación electoral; así como la compra conjunta de vacunas durante la pandemia de la influenza H1N1 en 2009[2].

Durante el gobierno demócrata de Barack Obama, la relación entre EEUU y América del Sur, aunque menos tensa en lo discursivo, siguió teñida constantemente de las acciones por parte de la potencia del norte para debilitar a los gobiernos progresistas. Los golpes de Estado auspiciados por el gobierno norteamericano se sucedieron en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). Por otro lado, impulsaron la conformación de la denominada Alianza del Pacífico (2011), un eje comercial de países con políticas económicas (neo) liberales, importante geoestratégicamente debido a la necesidad de romper la unión sudamericana en la medida que el objetivo final era la aprobación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), iniciado en el 2010, y cuyo objetivo era la liberalización del comercio. El TPP nacía como alternativa al ALCA.

En los últimos años, la ofensiva se ha intensificado, y la estrategia parece haber cambiado. Las acciones de injerencia bilateral tienen consecuencias de opinión pública, por lo que la capacidad de poder manejar los organismos multilaterales de la región podría brindar una sensación de legitimidad a las mismas, ya sea a través del silencio cómplice o del apoyo explícito.

Una primera acción fue el asedio a la UNASUR. En este sentido, en abril de 2018, presentaron su baja temporal indefinida Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Luego hizo lo propio Ecuador, donde tenía sede el organismo, y Brasil. Tras el golpe de estado le tocó el turno a Bolivia, y en última instancia, Uruguay siguió el mismo camino. En todos los casos, la salida o suspensión se dio en gobiernos neoliberales. Como alternativa, se impulsó la constitución, en 2019, del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), que no ha tenido sentido práctico (más allá del aislamiento de Venezuela), silenciando las violaciones de derechos humanos, y fracasando en la coordinación para hacer frente a los retos de la pandemia de COVID-19.

En esta línea, en noviembre de 2019, tras el anuncio de los resultados de las elecciones en Bolivia, que daban como ganador al binomio Morales – Linera, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, y la Misión de Observadores de dicho organismo, decidió sostener la tesis del fraude electoral. Diversos estudios independientes han señalado que los supuestos (sobre todo los estadísticos) utilizados por la OEA son errados y que no es posible afirmar que se habría alterado la voluntad de la población[3]. Asimismo, Almagro ha mantenido silencio respecto a las masacres de Senkata y Sacaba, la persecución política, la criminalización de la protesta y las políticas que restringen la libertad de expresión; todo esto cuando, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[4] – órgano autónomo de la OEA –, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)[5], Amnistía Internacional[6], y un estudio de la Universidad de Harvard[7], dan cuenta de los hechos durante la represión del gobierno de facto actualmente imperante en Bolivia.

El gobierno de facto, en agradecimiento, votó a favor de la reelección de Almagro en marzo pasado.

En Chile, tras una reunión entre el presidente Sebastián Piñera y Luis Almagro, el representante de la OEA dijo, con relación al manejo del gobierno del estallido social con anterioridad a la pandemia, que este: «en el marco del Estado de Derecho, de la preservación de la democracia, ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos»[8]. Similar a lo acontecido en el caso boliviano, organizaciones como la ACNUDH[9], el CIDH[10], Amnistía Internacional y Human Right Watch (HRW), además de organismos nacionales de derechos humanos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, habían dado cuenta de la violencia con la que se reprimían las protestas, las violaciones de derechos humanos e –inclusiv – señalando la posibilidad de que se hayan sucedido ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales.

El voto de Chile para Secretario General de la OEA fue para Almagro.

En Ecuador, también en octubre, se suscitaron protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles producto del acuerdo que el presidente Lenín Moreno suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicha protesta, de acuerdo con algunas fuentes, como la CIDH[11], fallecieron 11 personas, de las cuales, al menos 8, lo hicieron por acción directa de las fuerzas de seguridad.  Almagro, con ocasión del VII Encuentro de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (octubre, 2019) manifestó: «Definitivamente, la manera en que lo ha hecho, la manera en que ha reconducido la situación social y política del país, es digna del mayor de los elogios de nuestra parte. En democracia las marchas, las movilizaciones de protesta son un derecho fundamental (…) Pero el asalto, la toma, la quema de bienes públicos como la Contraloría General de la Nación, saqueos, actos vandálicos, que obedecen y responden a otras dinámicas geopolíticas definitivamente necesitaban ser aislados». Para Almagro, la responsabilidad fue del pueblo.

Ecuador, a pesar de que una de las candidatas a la Secretaría General de la OEA era la excanciller y expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, decidió darle su voto a Luis Almagro.

Tampoco se debe olvidar que en 2017 una misión de la propia OEA determinó gruesos indicios de fraude en los comicios presidencial de aquel año en Honduras. A diferencia de lo sucedido contra Evo Morales, el número uno de la OEA, Luis Almagro, hizo oídos sordos al propio informe de los observadores técnicos de su institución toda vez que el candidato ganador con evidente fraude le era afín políticamente.

Se podría también mencionar el apoyo al presidente colombiano, Iván Duque, pese a las masacres y el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de las FARC desmovilizados; el silencio respecto a la “Operación Gedeón”, fallida incursión militar a territorio venezolano; o, a la sistemática violación de derechos humanos de los indígenas brasileños y la gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro.

Sin embargo, sí es importante visibilizar dos hechos que –a mi parece – demuestran el alineamiento con Washington y la derecha continental. En primer lugar, el próximo 12 de septiembre se realizará la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, aunque no es acuerdo escrito, este cargo ha recaído siempre en algún latinoamericano; sin embargo, esta vez el presidente Trump ha decidido presentar la candidatura del estadounidense de origen cubano, Mauricio Claver-Clarone. Esta candidatura ha sumado apoyos de algunos países latinoamericanos (p.ej. Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia). Lo más sorpresivo –quizá– ha sido la posición de Chile, quien ha pedido aplazar la elección, con el fin que se realicen con posterioridad a las elecciones de EEUU en noviembre próximo. En esta misma línea están los gobiernos de Argentina, México y Costa Rica (estos últimos han presentado también candidatura), además de la Unión Europea. Lo menos sorpresivo ha sido –tal vez – el tuit[12] de Almagro criticando a la diplomacia europea luego que el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, se manifestará a favor de aplazar la elección.

En segundo lugar, el pasado 25 de agosto, el Secretario General de la OEA decide vetar la decisión de los miembros de la CIDH de prorrogar el mandato de su Secretario Ejecutivo, el brasileño Paulo Abrao. Esta decisión ha abierto una controversia debido a que atenta contra la autonomía e independencia del organismo[13]. Argentina y México se han pronunciado avalando la protesta de los miembros de la CIDH. Desde Ecuador, algunas voces han señalado que el objetivo de Almagro es poner en el cargo a la actual ministra de gobierno de Ecuador, María Paula Romo, responsable política de las violaciones de derechos humanos en las protestas de octubre y que manifestó su rechazo al informe de la CIDH, al cual hicimos referencia párrafos arriba. Queda claro, en todo caso, que Abrao le es incómodo a EEUU y a la derecha latinoamericana, y que su salida podría implicar socavar su autonomía técnica, lo que desvirtuaría el trabajo hasta ahora realizado.

Aunque la injerencia norteamericana en la política interna de los países latinoamericanos es conocida, se reconoce un cambio de estrategia, cooptando los organismos intergubernamentales, intentando con ello legitimar sus acciones – y la de sus aliados – y presionar a los gobiernos progresistas para adoptar posiciones afines.

Se han acrecentado las diferencias entre los países miembros de la OEA, y la confianza en el organismo se ha visto cuestionada. La Secretaría General es vista como un actor político, parcial a los intereses de la derecha continental y los EEUU. En este sentido, podemos observar dos caminos (no excluyentes entre sí): un cambio de gobierno en EEUU y en los países con elecciones próximas, que genere mayores consensos regionales, y el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un espacio de diálogo e integración con mayor autonomía política.

 

 Fuentes:

[1] https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tratado-constitutivo-unasur.pdf

[2] https://www.elcomercio.com/actualidad/unasur-compro-20-millones-vacunas.html

[3] Algunos de estos estudios son: Mebane: «Evidence Against Fraudulent Votes Being Decisive in the Bolivia 2019 Election» (https://t.co/E4hm9S2o5U); Idobro, Kronick y Rodríguez: «Do shifts in late-counted votes signal fraud? Evidence from Bolivia» (https://latinoamericapiensa.com/wp-content/uploads/2020/06/SSRN-id3621475.pdf); Curiel y Williams: «Did Evo Morales win?» (https://www.washingtonpost.com/politics/2020/02/26/bolivia-dismissed-its-october-elections-fraudulent-our-research-found-no-reason-suspect-fraud/); CELAG: «Análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia» (https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/12/analisis-del-informe-final-de-la-oea-sobre-las-elecciones-en-bolivia.pdf); CEPR: «Gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019» (https://cepr.net/press-release/gran-error-de-codificacion-revela-otra-falla-garrafal-en-el-analisis-de-la-oea-sobre-las-elecciones-bolivianas-de-2019/).

[4] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp

[5] https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/08/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/bolivia-violaciones-derechos-humanos-durante-crisis-postelectoral/

[7] http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf

[8] https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/09/oea-ignora-graves-violaciones-a-los-dd-hh-y-entrega-respaldo-a-pinera-ha-defendido-con-eficiencia-el-orden-publico/

[9] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

[10] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp

[11] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[12] https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1290066975784415232

[13] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/202.asp

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