Desde el Sur

Entre el hacer político y el “gobierno por internet”

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A finales de 2018 viajé a Venezuela por trabajo. Tenía el encargo de evaluar un proyecto de ayuda humanitaria en varios departamentos del país, incluido Zulia, fronterizo con Colombia; y donde la situación era más alarmante, sobre todo con la población indígena wayú, desprotegida por el Estado y con escasas posibilidad de migrar, ni si quiera a Colombia, donde la realidad – para ellos – no es muy distinta.

En mayo del mismo año se habían realizado las elecciones presidenciales. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron como ganador a Nicolás Maduro con el 67,8% de los votos, mientras que Henry Falcón obtuvo el 21%. La jornada, como era de esperarse, estuvo marcada por una muy baja participación para los estándares venezolanos (46,02%). La proximidad de las elecciones se hacía notar en las conversaciones cotidianas, unos mostraban su satisfacción con la estrategia de “boicotear” las elecciones llamando a la abstención, otros hacían suyos los datos oficiales y mostraban su desazón por la posibilidad – perdida – de derrotar al “madurismo”, y otros mostraban su desencanto con los actores a elegir, prefiriendo abstenerse. Las cifras oficiales también eran motivo de debate, como casi todo lo que se dice o hace.

La oposición tradicional acusó a Falcón de colaborar con el gobierno intentando legitimar las elecciones, mostrando como argumento el pasado “chavista” del candidato. Haciéndose eco del pedido de la oposición, ningún organismo internacional se presentó para observar el proceso, salvo el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), quien finalmente avaló la elección.

Una de las pocas cosas que podría afirmar de mi estancia es que el recuerdo de Chávez es imborrable para la población, sobre todo para la de más bajos recursos. El aumento del poder adquisitivo, la inclusión como sujeto de derechos y la generación de instancias de participación social y política, sostienen los recuerdos de un pasado próximo que se va borrando de la memoria a medida que crece la desesperanza. No existe una sola narrativa. En esas tres semanas recorriendo Venezuela encontré muy pocos maduristas, muy pocos opositores, muchos chavistas. Quizá por ello la situación era aún más angustiante, pues ninguno de los dos proyectos políticos era visto como una salida para su situación, continuar en el madurismo implicaba la crisis económica actual; y, el regreso de la oposición exaltaba los recuerdos del periodo prechavista, de exclusión social y económica. El chavismo antimadurista era sólo un espejismo. Tomando esto en cuenta, los políticos de oposición tienen claro que el discurso debe que ser matizado dando cierto crédito a las políticas sociales del presidente Chávez, una forma de contrato social con el electorado en donde se comprometen a no volver a la IV República. No al periodo que llevó al “Caracazo” (1989). El oficialismo también tiene claro que Chávez es la clave – quizá su única carta – para mantenerse en el poder, motivo por el cual está presente siempre en el discurso y omnipresente en la ciudad: no es difícil toparse con su rostro, sus ojos o su firma.

***

Tres años antes, en 2015, se habían realizado las elecciones legislativas. El CNE (“tantas veces chavista”) dio como vencedora a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 109 escaños, seguida del oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) con 55 curules. Tres plazas habían sido adjudicadas por opositores en las circunscripciones indígenas. Lo que sigue de aquí en adelante marca la controversia sobre la ruptura del orden democrático en Venezuela. El GPPSB impugna – ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia – 7 circuitos electorales en los estados de Amazonas, Yaracuy y Aragua. Un dato relevante es que 13 de los 32 miembros titulares del TSJ habían sido elegidos, recientemente, por la saliente – y oficialista – Asamblea Nacional. Finalmente fueron desestimados 6 de los 7 recursos declarando procedente la solicitud de amparo cautelar en el caso de Amazonas. La repercusión, en la práctica, era la pérdida de la “mayoría calificada” de 2/3, y con ello, la posibilidad de aprobar leyes orgánicas sin tener que negociar con la minoría oficialista. Aunque no es el eje central del artículo, mi opinión es que el problema no es que se impugnen ciertas circunscripciones si existen indicios de ilegalidad, la afrenta al pueblo está – sobre todo – en la imposibilidad de elegir a sus representantes pues el CNE no volvió a convocar a elecciones en el estado de Amazonas.

La historia que sigue es más o menos conocida, los tres asambleístas juramentaron en la Asamblea Nacional, motivo por el cual el TSJ la declara en desacato. Los tres asambleístas manifiestan su desincorporación voluntaria. El oficialismo convoca – en 2017 – a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que – juntamente con el TSJ – prácticamente deja sin funciones al legislativo. La oposición no participó de la elección.

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Las acusaciones entre oposición y gobierno se intensificaron a medida que pasaba el tiempo. La AN sesionaba y acordaba un juicio político contra el presidente Maduro, a la vez que solicitaba a la administración estadounidense implementar sanciones económicas para intensificar la crisis y presionar a la población a deponer a Maduro. Sin embargo, el hecho más relevante fue – sin duda – la autoproclamación del presidente de la AN Juan Guaidó, en enero de 2019, como presidente “encargado”. Ante esta acción, el gobierno respondía encarcelando opositores. En la particular situación política venezolana, no sólo es relevante la coyuntura interna, sino también la posición que adopten otros gobiernos y el rol de los medios de comunicación extranjeros. No es discutible la violación de los derechos humanos por parte del madurismo, sobre todo después del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)[1] el cual fue bastante lapidario. Sin embargo – y hecha la salvedad – Venezuela podría ser de los pocos países – sino el único – en que un opositor político puede proclamarse presidente, usurpar funciones del ejecutivo y llamar a un golpe de estado sin que ello tenga consecuencias penales.

Mientras todo esto pasaba, algunas estimaciones señalaban que 5 millones de venezolanos habían dejado atrás su tierra. Más sanciones a Venezuela[2], más acciones de represión política. Guaidó era la carta para una transición rápida, aunque no necesariamente pacífica. Con el apoyo de los EEUU y el Secretario General de la OEA pusieron sus esfuerzos en derrocar a Maduro, para lo que tenía que exaltar a las masas y llamar a las fuerzas armadas a la insurrección. Nada de ello pasó, el levantamiento cívico-militar del 30 de abril había fracasado. Guaidó perdió poder de acción y – con ello – su liderazgo. Los pocos avances llevaron a acciones aún más desesperadas – y, aparentemente, sin coordinación con el frente opositor – como la “Operación Gedeón”, un intento fallido de incursión militar desarticulado por las milicias bolivarianas y las FANB.

En los últimos meses, la oposición se ha visto fragmentada. En enero pasado, los asambleístas oficialistas, y una parte de la oposición, votaron como presidente de la AN al opositor Luis Parra, quien había sido denunciado por corrupción por su partido (antes de ser expulsado) Primero Justicia. Pesan sobre él – y otros asambleístas – sanciones de EEUU y la Comisión Europea. Luis Parra, sin embargo, es el presidente reconocido por el TSJ y algunos países, como China o Rusia.

Pero el quiebre mayor se ha dado en las últimas semanas, la oposición ha comenzado a distanciarse abiertamente. En el lado más radical del espectro está María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, quien rechazó el “pedido de unidad” de Guaidó[3] y volvió a poner – como única salida a la crisis – la intervención militar extranjera, basándose en el artículo 187.11 de la Constitución de la República que faculta a la AN a “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”[4]. Juan Guaidó, por su parte, plantea un pacto de unidad, sin estrategia definida, que impulsa la no participación en las elecciones del próximo 6 de diciembre, y – en principio – continuar con lo hecho en los últimos 17 meses. El mantener el status quo ha sido criticado tanto por Machado como por Henrique Capriles, quien incluso se refirió a la “presidencia” de Guaidó como un “gobierno por internet”. Asimismo, el dos veces candidato a la presidencia ha vuelto a tomar el protagonismo relegado, y ha propuesto la participación en las próximas elecciones bajo la lógica de que la oposición debe ganar (retener) espacios de poder[5]. La acción de Capriles no ha estado exenta de polémica, no han faltado quienes lo han tildado de traidor por plantear la necesidad de participar y de impulsar el diálogo (recordemos el caso de Henry Falcón). Por otro lado, este diálogo ha permitido el indulto de 110 opositores políticos, lo que ha sido bien recibido por muchos. Un dato importante es que en las negociaciones participó también Stalin González, quien fue – en 2019 – parte de la mesa directiva de la AN presidida por Guaidó.

Estados Unidos ha criticado la posición de María Corina Machado y de Henrique Capriles, reafirmando su apoyo a Juan Guaidó. La Unión Europea, por su parte, ha valorado los indultos como un paso positivo hacia unas elecciones libres y con garantías[6], pareciendo acercarse a Capriles. Mientras tanto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y el Grupo de Lima han preferido mantener silencio. En la interna, la ONG Provea, organización de referencia, crítica con el gobierno de Maduro, ha señalado que, pese a ser una buena señal, ello no es suficiente para afirmar que existen condiciones democráticas para participar en las próximas elecciones, aunque insiste en que es decisión de cada uno de los ciudadanos asistir a las urnas. Sin embargo, lo más resaltante es su comunicado es su “desacuerdo con la posibilidad de la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional posterior al cese de su período el 06 de febrero de 2021 (…). Asimismo, hemos expresado nuestro rechazo a salidas insurreccionales o que impliquen hechos de fuerza (…)”[7]. En ese sentido, parecería también acercarse a la posición de Capriles.

Es hora del diálogo, de la diplomacia. El “mecanismo de Montevideo”, a través del liderazgo de Argentina, México y la Unión Europea, debe impulsar el diálogo entre los distintos actores políticos y sociales que permitan a Venezuela retomar la gobernabilidad reconociéndose como actores legítimos y trabajando para superar la crisis social y económica. El Grupo de Lima, asumiendo su fracaso, debe desaparecer.

Por: Alfonso Bermejo Villa

 FUENTES:

[1] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S

[2] Un estudio un estudio elaborado por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs para el CEPR señala: “Encontramos que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 000 muertes entre 2017 y 2018; y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados Unidos es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EEUU, y parecería ser que también violan la legislación estadounidense”. https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf

[3] https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1299830924327215104?s=20

[4] https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-v/capitulo-i/#articulo-187

[5] https://www.facebook.com/HenriqueCaprilesRadonski/videos/314619339749507/?v=314619339749507

[6] https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1300728694328233984?s=20

[7] https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-ante-la-liberacion-de-algunos-presos-politicos-y-la-convocatoria-a-elecciones-parlamentarias

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